Mónica Gracia (SUP) exige a Interior que acabe con el uso político de Policía

Tras el nombramiento del nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y a la espera de la continuidad o el relevo de Ignacio Cosidó al frente de la Policía, la secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mónica Gracia, exige que se acabe con el lastre que ha supuesto el uso político del cuerpo.

“Que terminen con la politización y se dediquen a dirigir verdaderamente el día a día de todos los policías”, ruega la responsable del SUP tanto a Zoido como a quien ocupe el despacho de la Dirección General del cuerpo en el que Cosidó no ha contado con apoyos dentro de una cúpula “fracturada” que ha debilitado la imagen de la institución.

En una entrevista con Efe, Mónica Gracia repasa las principales reivindicaciones y prioridades del sindicato de cara a la nueva legislatura para dejar atrás una etapa “nefasta” en la que el Gobierno no ha puesto medidas para erradicar esos comportamientos que no representan el trabajo “con profesionalidad, vocación y sin otro fin que el de servir a la sociedad” de más de 60.000 agentes.

La “depuración”, opina Gracia, pasa, entre otras medidas, por establecer un sistema que garantice la independencia y la neutralidad de la cúpula policial, al margen del color político de quien gobierne, por cambiar el sistema de ascenso a la categoría de comisario y comisario principal y por dotar de “transparencia” todos los procesos de concesión de medallas y ascensos.

“Resulta imprescindible establecer un proceso de selección donde solo quienes acrediten la capacitación, experiencia y el perfil idóneo ocupen los puestos de responsabilidad dentro de nuestro estructura”, defiende la máxima responsable del SUP que aboga también por mantener la “esencia” del carácter civil de la Policía frente a la “imposición de usos castrenses”.

Además de sanear la cúpula de la Policía Nacional, Mónica Gracia, al frente de la organización sindical mayoritaria en el cuerpo con casi 30.000 agentes afiliados, propone abordar de una vez un nuevo modelo policial que termine con las duplicidades del actual proyecto “obsoleto y anacrónico”.

Gracia cree que es el momento de que el Gobierno demuestre en los próximos presupuestos generales que la seguridad “es una prioridad” tras estos años de recortes tanto en medios materiales como humanos y que pese a la austeridad “ofrecen año a año mejores resultados estadísticos en esclarecimiento de delitos, detenciones o aprehensiones de drogas”.

“Hablamos de tasas de reposición inferiores a los 150 efectivos al año”, denuncia Gracia, que considera que hay un déficit en la plantilla unos 5.000 efectivos, mientras que la Policía Nacional sigue siendo el cuerpo “peor pagado del Estado”.

Mónica Gracia no olvida que “más de la mitad de los policías no tienen chaleco antibalas”, que una gran parte de los existentes están “caducados” y que es necesario dotar a los agentes de medios de defensa “intermedios” como las pistolas eléctricas o taser.

A estas prioridades “inaplazables”, el SUP une la necesidad de diálogo después de la “nula” negociación con los sindicatos en la última legislatura en normas tan sensibles como la ley de personal, la de seguridad ciudadana o la jornada laboral.

Sobre este último aspecto, la organización sindical es muy crítica, pues la implantación de los nuevos turnos es “inviable” y genera múltiples complicaciones, como el cierre de comisarías por la noche por falta de agentes o el traspaso de policías especializados a otras funciones, lo que provoca el abandono de la investigación.

Pese a confiar en un “cambio de tendencia”, la secretaria general del SUP es escéptica respecto a la cada vez mayor injerencia de la Guardia Civil en competencias propias de la Policía.

“La Guardia Civil ha experimentado un cambio de estrategia desde el ámbito rural al cosmopolita, algo que puede desembocar en conflictos innecesarios de competencias entre ambos cuerpos”, alerta Gracia, antes de recordar que las funciones de cada uno están “perfectamente” delimitadas en la ley de fuerzas de seguridad de 1986.

Y aunque entiende que esta norma hay que actualizarla como el modelo policial, considera que “en tanto no se haga, no debería ser necesario recordar cuáles son las competencias de cada cuerpo porque en muchas más ocasiones de las deseables llegamos a plantearnos si el Gobierno tiene preferencias”.

Cumplir la ley es lo que pide el SUP también respecto al funcionamiento de los polémicos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde conviven inmigrantes sin documentación con los que además de esta irregularidad son “verdaderos delincuentes con órdenes de expulsión”.

“Trabajar con estos dos tipos de personas nos genera muchos problemas. Hay que modificar esa ley porque existe un tema social que creemos que la Policía no debería gestionar”, opina Gracia, para quien los inmigrantes “tienen que tener las mejores condiciones”, como también los agentes que trabajan en ellos.