Montoro ha apercibido a la Generalitat para que explique cómo sufraga la web del referéndum

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado hoy que desde el Ejecutivo central ya han hecho un apercibimiento a la intervención de la Generalitat para que explique y justifique cómo sufraga la página web que han creado para el referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre, así como el vídeo que promueve esa campaña, después de que esa convocatoria y todas las acciones tendentes a ella están suspendidas de manera cautelar por el Tribunal Constitucional.

“Tendrá que justificar el origen de los recursos para este primer paso de promoción”, ha advertido Montoro para acto seguido remarcar que, si es necesario, el Gobierno intervendrá para garantizar que no se ha empleado dinero público.

El titular de Hacienda, quien ha realizado estas declaraciones en Zaragoza justo antes de intervenir en la reunión intermunicipal del Partido Popular, ha dejado claro que no se va a utilizar “un solo euro público” en el referéndum de Cataluña, puesto que es una consulta “ilegal”.

Además, ha recalcado que, si se hubiera utilizado dinero público, habría sido de manera “fraudulenta e ilegal”. En este punto, ha reiterado que el Tribunal Constitucional, a comienzos de julio, declaró ilegal la parte de presupuesto de la Generalitat que se dedicara a este referéndum, y el Gobierno está en condiciones de garantizar que “no se va a utilizar ni un euro público a la hora de promover esa consulta del 1 de octubre”.

RECURSO CONTRA EL CÓDIGO TRIBUTARIO DE CATALUÑA

Ha recordado que el Consejo de Ministros de esta mañana ha presentado un recurso de inconstitucionalidad en relación con el llamado Código Tributario de Cataluña: “Excede nuestra Constitución, excede las leyes básicas del Estado, la ley general tributaria, y además es inútil”, ha enumerado.

Cristóbal Montoro ha opinado que este Código traslada “confusión” en la obligación de devengar y pagar impuestos, algo que debe quedar “muy claro” para todos los contribuyentes y las empresas.

Asimismo, ha incidido en que los funcionarios, y todos los cargos públicos, tienen la obligación de respetar la ley y tienen para ello “todo el apoyo, el soporte, del Gobierno de España”. Así, les ha dicho que no tienen que tener “ninguna preocupación”.