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Montserrat Corulla, condenada en el caso Malaya, pide un indulto parcial

Montserrat Corulla, condenada en el caso Malaya, pide un indulto parcial

EFE

Málaga —

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La abogada Montserrat Corulla, condenada en el caso Malaya a tres años y medio de prisión por blanqueo de capitales, ha pedido al Consejo de Ministros un indulto parcial de la pena privativa de libertad por “entender de justicia” que se indulte la mitad de su condena.

Entre los argumentos esgrimidos por la defensa de Corulla para pedir el indulto se encuentran la antigüedad de los hechos (13 años), la necesidad de reparar la situación y la gravedad de la vulneración del derecho constitucional reconocida en sentencia que le estimó el atenuante de detención irregular, según han indicado a Efe fuentes judiciales.

El letrado de la defensa también ha argumentado el hecho de que Montserrat Corulla ha cumplido ya una cuarta parte de la condena, la conducta de ingreso voluntario en prisión y su cooperación con la justicia así como la inexistencia de antecedentes delictivos de ningún tipo anteriores o posteriores.

También subrayan, según las fuentes, las circunstancias familiares, especialmente las dolencias y necesidad de cuidados de sus padres, que tienen una avanzada edad.

Montserrat Corulla antes y después de ser condenada en el caso Malaya ha llevado “una vida normal dedicada a su trabajo y su familia” y no ha vuelto a verse involucrada en ningún otro hecho delictivo, siempre según su defensa.

Por todo ello, el letrado también ha pedido a la Audiencia Provincial de Málaga suspender la ejecución de la pena en tanto se tramita el expediente del indulto y el Consejo de Ministros resuelva.

Además solicita que el Tribunal que la condenó en Málaga informe favorablemente a la concesión del indulto.

Para el abogado de Montserrat Corulla la penada está capacitada para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad porque su permanencia en prisión “truncaría la función resocializadora”.

Montserrat Corulla fue condenada a tres años y medio de prisión por un delito de blanqueo de capitales en el ámbito de una organización, multa de 30.000.000 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión e industria durante cinco años.

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