Murcia: tres allanamientos en casas de funcionarios anticorrupción en 6 meses

Las intimidaciones y la desprotección que hoy ha denunciado el hasta ayer fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, tienen su máximo exponente en los tres allanamientos sufridos en seis meses en los domicilios de dos personas que trabajan en casos de corrupción de la región.

La vivienda del fiscal anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, ha sido asaltada en dos ocasiones, la primera en julio del pasado año y la segunda hace un mes.

En la primera ocasión, los asaltantes se apoderaron de su ordenador personal, que contenía abundante documentación de los casos en los que ejerce la acusación particular y en los que están imputados ex altos cargos de los gobiernos autonómico y local de Murcia.

López Bernal, en declaraciones a la Cadena SER, se ha referido hoy a ese robo y ha destacado el hecho de que los “ladrones” no se llevaran del domicilio dinero ni objetos de valor, sino solo el ordenador y las claves del teléfono móvil del fiscal, en lo que considera un intento de dejar “una tarjeta de visita”.

La casa de Lozano volvió a sufrir un allanamiento este enero, aunque en esta ocasión no se ha apreciado la desaparición de objeto o documento alguno.

Entre las investigaciones en las que participa Lozano se encuentran los conocidos por caso Umbra, sobre presunta corrupción urbanística en la expansión norte de la ciudad de Murcia, o Novo Carthago, sobre supuesta corrupción por la puesta en marcha de un proyecto urbanístico sobre terrenos protegidos junto al mar Menor.

También está personado en la operación César, que investiga un presunto fraude en sobrecostes de las obras de un tramo del tren de alta velocidad entre Crevillente (Alicante) y Murcia que podrían superar los 17 millones de euros.

A mediados de febrero, también en Murcia, un subinspector de la Agencia Tributaria que actúa de perito judicial en casos de corrupción denunció el asalto de su vivienda sin que aparentemente tampoco desapareciera nada de valor.

La Policía investigó un ordenador de la casa del funcionario para conocer si pudo haber sido manipulado por los asaltantes para duplicar o borrar información sensible y llegó a la conclusión de que no había sido alterado, por lo que las fuentes policiales se inclinan a pensar en un caso de delincuencia común.

No obstante, en el entorno de la fiscalía murciana, se considera que los tres allanamientos forman parte de una misma estrategia intimidatoria contra quienes investigan la corrupción en la Región de Murcia.