Nepal ante la asignatura pendiente de juzgar los crímenes de su guerra civil

Una serie de casos recientes han puesto en entredicho la voluntad de las autoridades de Nepal de juzgar los crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos durante la guerra civil que concluyó en 2006 tras una década de insurgencia.

Con el fin de las hostilidades, que segaron la vida de más de 12.000 personas, el país himaláyico inició un proceso de paz y abolió la monarquía pero ha sido incapaz de llevar ante la Justicia los episodios oscuros de su pasado inmediato.

“En vez de investigar los crímenes que hubo durante la insurgencia, los esfuerzos actuales están orientados a limpiar el historial de quienes los cometieron”, dijo a Efe Mandira Sharma, del Foro de Abogacía de Nepal, que defiende los derechos humanos.

A principios de mes, un alto mando del Ejército nepalí destinado en Sudán el Sur en misión de paz de la ONU fue arrestado en Reino Unido, donde estaba de permiso, por su supuesta participación en la tortura de civiles en 2005.

La detención del coronel Kumar Lama se produjo bajo el amparo de la jurisdicción universal que recoge la Ley británica de Justicia de 1998, en virtud de la cual solo se había detenido anteriormente a otro ciudadano extranjero, un señor de la guerra afgano.

“Los tribunales en Nepal han ordenado al Ejército que emprenda acciones contra él”, dijo la activista Sharma, cuya organización ha facilitado asistencia legal a dos víctimas de las torturas cometidas por el coronel.

Un portavoz militar, Suresh Sharma, explicó a Efe que el currículo de Lama había sido supervisado por las Fuerzas Armadas nepalíes antes de ser enviado a la misión de Naciones Unidas, y subrayó que la comandancia había dado “luz verde”.

Días después de ese caso, y amparada por una orden judicial, la policía nepalí arrestó a cinco personas, supuestos exguerrilleros maoístas, por su presunta implicación en el secuestro y asesinato de un periodista en 2004 en el oeste del país.

El reportero, identificado como Dikendra Raja Thapa, había ido a reunirse con guerrilleros en un momento álgido de la guerra, después de que los rebeldes cortaran el suministro de agua en la localidad de Dailekh, unos 400 kilómetros al oeste de Katmandú.

Pero en la entrevista fue torturado y asesinado.

La salida a la luz pública, ahora, de estos dos incidentes ha supuesto un mazazo para el Gobierno, respaldado por partidos políticos de la antigua insurgencia y cuya reacción en ambos casos ha sido ampliamente criticada por varios sectores de la sociedad.

Respecto al arresto de Lama, el Ministerio de Exteriores llamó a consultas al embajador británico en Nepal, a quien trasladó una protesta formal y solicitó la liberación inmediata del coronel.

En declaraciones a Efe, un portavoz de la legación del Reino Unido argumentó, no obstante, que “el caso está siendo tratado por la Justicia” y que “la ley seguirá su debido curso”.

Entretanto, en el caso del reportero asesinado, el Gobierno instruyó esta semana a los investigadores de la policía para que no continúen con sus pesquisas sobre la muerte de Thapa.

El primer ministro, Baburam Bhattarai, un antiguo guerrillero, alegó que los supuestos crímenes cometidos durante la guerra deben ser analizados bajo la Ley de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, cuyo borrador está siendo debatido actualmente.

“Con estas excusas, el Gobierno intenta limpiar la imagen de los criminales”, sostuvo la presidenta de la Federación Nepalí de Periodistas, Shiva Gaule, que criticó “la interferencia en el sistema judicial”.

Según Gaule, un total de 31 periodistas murieron asesinados y tres desaparecieron en crímenes cometidos por ambos bandos durante el conflicto pero “salvo unos pocos casos, la mayoría de esos incidentes no están siendo investigados”.

Manesh Shrestha