Nueva ronda diálogo de Venezuela marcada por la incertidumbre

La nueva ronda de diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela fijada para este jueves en Santo Domingo está marcada por la incertidumbre tras el caso de Oscar Pérez, un exinspector de Policía que se rebeló contra el Gobierno y que fue abatido el lunes.

Un portavoz de la Cancillería dominicana dijo a Efe que República Dominicana está lista para este nuevo ciclo de conversaciones después de que en las reuniones de la semana pasada se lograran “avances importantes” en busca de un acuerdo para solucionar la crisis que atraviesa esa nación suramericana.

Pero hasta el momento, la Cancillería dominicana no ha informado hoy si los participantes en el diálogo han confirmado o no su asistencia a este nuevo ciclo de diálogo.

El chavista Diosdado Cabello, uno de los hombres más influyentes del Gobierno venezolano, aseguró la noche de este miércoles tener información según la cual el antichavismo planea no asistir al encuentro de este jueves en Santo Domingo.

La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acusó hoy al Gobierno de querer “enlodar” el diálogo que ambas partes sostienen en República Dominicana con el caso de Oscar Pérez.

La MUD exige al presidente dominicano, Danilo Medina, “tomar debida nota” de una carta que le enviaron este martes y que fue publicada hoy en la que repudian unas declaraciones del ministro de Interior venezolano, Néstor Reverol, según las cuales la oposición aportó en Santo Domingo información para dar con el paradero de Pérez en Caracas.

Esta nueva cita se produce también después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijera el pasado lunes que con esta reunión dará “la última oportunidad a la oposición”, ultimátum que fue rechazado por el diputado Simón Calzadilla, miembro de la delegación opositora en las negociaciones con el Gobierno chavista.

Maduro dijo que todos los puntos de la agenda ya han sido acordados y que no se han firmado ni publicado porque la delegación de la oposición, “una vez que había dicho que sí, el viernes en la noche recibió la llamada de Washington, Bogotá y Madrid y los echaron para atrás”.

Sin embargo, el presidente dominicano, Danilo Medina, anfitrión del diálogo, dijo el pasado sábado, al término de tres jornadas de conversaciones entre el gobierno y la oposición que aunque hay “importantes avances” aún quedan asuntos que están pendientes y que para tratar de llegar a acuerdos se decidió fijar esta nueva cita.

Ni el portavoz de la oposición en el diálogo, Julio Borges, ni el ministro venezolano de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien encabeza la delegación del Gobierno, detallaron en sus declaraciones a la prensa el pasado sábado los puntos en los que aún no hay acuerdo.

Tanto Borges como Rodríguez y el presidente Medina coincidieron en señalar que en este diálogo se ha fijado el principio de que “ nada está acordado hasta que todo está acordado”.

Tras el “ultimátum” lanzado por Maduro en relación al diálogo, Calzadilla no confirmó la participación de la delegación opositora en la reunión del jueves.

“El equipo de negociación de la (coalición opositora) Mesa de la Unidad y la Unidad confirmará o no esa reunión del 18 en las próximas horas”, señaló al tiempo que añadió “que el que estén presentes los cancilleres en el proceso de negociación es una condición necesaria para avanzar”.

En estas conversaciones, que cuentan con el auspicio del presidente dominicano, Danilo Medina, y del exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, también participan como países observadores México, Chile, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas.

Los puntos centrales para la oposición en este diálogo son lograr garantías electorales para los comicios presidenciales previstos para 2018, la apertura de un canal humanitario que permita el envío de medicinas y alimentos, la liberación de los encarcelados que consideran “presos políticos” y la restitución de los poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento.

En tanto, el oficialismo exige el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre algunos de sus funcionarios y el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, un órgano plenipotenciario integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos gobiernos.