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Nuevas pruebas complican la situación de la diputada de Parlasur argentina detenida

Nuevas pruebas complican la situación de la diputada de Parlasur argentina detenida

EFE

Buenos Aires —

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La difusión de nuevas pruebas contra la diputada del Parlasur Milagro Sala, como un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que apunta a un supuesto desvío de fondos estatales sin control hacia la organización que encabeza, complicó hoy la situación de la dirigente social argentina.

Según el extenso informe que audita las cuentas de la norteña provincia de Jujuy, difundido por medios locales, presuntamente existía una trama fraudulenta para asignar fondos destinados a construcción de viviendas del Ministerio de Planificación nacional a cooperativistas de la organización de Sala, Tupac Amaru, sin ningún control público.

La parlamentaria del Mercosur permanece detenida desde el pasado 16 de enero, acusada de un presunto delito de defraudación a la Administración Pública, extorsión y asociación ilícita.

El informe de auditoría data de primeros de febrero, según confirmaron a Efe fuentes de la AGN, pero el portal Infobae lo dio a conocer este jueves.

El análisis de las cuentas provinciales mostró la desaparición de unos 29 millones de pesos (casi 2 millones de dólares) en movimientos financieros entre noviembre y diciembre de 2015, que presuntamente fueron dirigidos a las cooperativas cercanas a Tupac Amaru.

Además, hoy se difundió un video supuestamente relacionado con este mecanismo fraudulento, en el que se puede ver a cooperativistas retirando 14 millones de pesos (cerca de 1 millón de dólares) a primeros de diciembre, como adelanto del plan para construir viviendas, aunque las obras no se realizaron.

El pasado miércoles, casi medio centenar de organizaciones sociales y políticas, en su mayoría afines al kirchnerismo, participó en una jornada de protesta en Argentina, con multitud de cortes en las carreteras del país, para pedir la liberación de la diputada del Parlasur.

Sala ingresó en prisión inicialmente por un delito de incitación al tumulto por una protesta contra el Gobierno jujeño, encabezado por el radical Gerardo Morales (adscrito al oficialista frente Cambiemos), que posteriormente fue desestimado por la Justicia.

Sin embargo, tuvo que permanecer detenida por la causa que investiga la presunta administración ilegal de fondos estatales.

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