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Nuevos cargos contra el activista opositor bareiní impiden su salida de prisión

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Nuevos cargos contra el activista opositor bareiní impiden su salida de prisión

Nuevos cargos contra el activista opositor bareiní impiden su salida de prisión

La Fiscalía de Baréin imputó hoy nuevos cargos al activista de derechos humanos Nabil Rajab, que está siendo juzgado por criticar las condiciones en las prisiones del país, e impidió de esta forma su puesta en libertad decretada poco antes por un tribunal.

En un comunicado, la Fiscalía dijo que Rajab no será puesto en libertad porque existen nuevos cargos contra él por difundir información falsa para socavar el prestigio del reino.

La Fiscalía no indicó en la nota los motivos de estas nuevas acusaciones, pero se sospecha que están relacionadas con un artículo de opinión publicado en el "New York Times" el pasado septiembre y otro publicado en el diario francés "Le Monde".

La defensa de Rajab informó de que la Fiscalía podrá mantenerle retenido por esos nuevos cargos, hasta que se celebre el próximo miércoles una nueva sesión del juicio.

Hoy mismo, un tribunal de Baréin ordenó la puesta en libertad temporal del activista y su abogado dijo a Efe que podría salir de la cárcel donde está recluido desde el pasado junio.

La salud de Rajab se ha deteriorado en este tiempo, según activistas que le han visitado y que han denunciado que lo mantienen en condiciones insalubres, aislado y sin atención médica.

Rajab está siendo juzgado por críticas a la intervención de Arabia Saudí en la guerra del Yemen y a las malas condiciones en las cárceles de su país.

Si es declarado culpable, podría pasar hasta quince años en prisión, según su abogado.

La ONU, Estados Unidos y diversos miembros del Parlamento Europeo han pedido repetidamente la liberación de Rajab.

El activista fue condenado en mayo de 2015 a seis meses de cárcel por criticar a los servicios de seguridad y previamente cumplió dos años de cárcel por haber criticado al primer ministro del país, Jalifa bin Salman al Jalifa, y al Ministerio de Interior por la represión de manifestaciones en favor de la democracia.

El reino de Baréin -de mayoría chií, pero gobernado por una monarquía suní- es escenario desde 2011 de protestas populares para pedir reformas políticas que han sido reprimidas por la fuerza.

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