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Una ONG pide al Gobierno de Suu Kyi la liberación de todos los presos políticos
La ONG Fortify Rights reclamó al Gobierno de Birmania (Myanmar), dirigido por la nobel de la paz Aung Suu Kyi, la puesta en libertad de todos los presos políticos y garantías para que los defensores de los derechos humanos puedan desempeñar su trabajo.
Según la organización la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP) de Birmania, 229 birmanos sufren persecución por sus actividades políticas, de los cuales 45 cumplen condenas y 51 están encarcelados a la espera de un juicio.
“La libertad de expresión es un derecho, no un privilegio (...) El Gobierno de Birmania debe liberar a los presos políticos que quedan y garantizar que se protege la libertad de expresión para todos”, señaló el director ejecutivo de la ONG, Matthew Smith, en una nota.
El llamamientos surge el mismo día en el que el activista birmano Khaing Myo Htun salió en libertad tras pasar 18 meses en la cárcel por haber acusado al Ejército de trabajo forzoso y de torturar civiles.
La nota de Fortify Rights recuerda más casos, como los dos periodistas de Reuters detenidos el 12 de diciembre de 2017 por divulgar secretos de Estado.
O los de Dumdaw Nawng Lat y Langjaw Gam Seng, líderes religiosos de la minoría kachin, condenados el 27 de octubre de 2017 a 51 y 27 meses de cárcel, respectivamente, por asociación ilícita, entre otros cargos.
Ambos líderes religiosos fueron detenidos cuando ayudaban a periodistas a investigar violaciones de los derechos humanos cometidas por el Ejército en el norte del estado Shan (este) en 2016.
El caso más notorio de violación de los derechos humanos en Birmania en la actualidad es la situación de la minoría rohinyá, mayoritariamente musulmana, de los que 688.000 ha escapado a la vecina Bangladesh para huir de la violencia en el estado Rakáin, situado en el oeste de Birmania.
El éxodo comenzó tras un ataque, el 25 de agosto, de un grupo insurgente en Rakáin que fue respondido con una campaña militar, donde se calcula que habitaba alrededor de un millón de miembros de esta minoría musulmana no reconocida por las autoridades birmanas.
La ONU y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado numerosas veces que existen pruebas claras sobre los abusos y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU lo ha calificado de “limpieza étnica” y ha afirmado que hay indicios de “genocidio”.
Amnistía Internacional (AI) criticó hoy la “demonización” de los rohinyás en Rakáin y la pasividad de los líderes mundiales ante la limpieza étnica y el éxodo de refugiados.
