La ONU condena asesinato del exjefe de Inteligencia de Burundi y pide diálogo

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó hoy el asesinato del exjefe de Inteligencia de Burundi Adolphe Nshimirimana y volvió a pedir diálogo para poner fin a la crisis que se vive en el país.

Ban, a través de un comunicado de su portavoz, reclamó una investigación rápida para llevar a los responsables del atentado ante la Justicia y agradeció el llamamiento a la calma hecho por el presidente, Pierre Nkurunziza.

Nshimirimana, hombre de confianza de Nkurunziza, murió el domingo cuando su vehículo fue atacado con un proyectil, apenas una semana después de que el gobernante burundés fuese reelegido para un tercer mandato de cinco años, aspiración que fue muy contestada en las calles del país por ir en contra de la Constitución.

El responsable de la ONU mostró su “gran preocupación” por el continuo deterioro de la situación de seguridad en Burundi tras un periodo electoral “marcado por la violencia y la violación de derechos humanos”.

“El secretario general renueva su llamamiento a todos los burundeses para retomar sin retrasos un diálogo inclusivo y resolver pacíficamente sus diferencias”, señaló el portavoz, que reiteró que la ONU sigue comprometida a apoyar la consolidación de la paz y la prevención de conflictos en Burundi.

La última crisis en el país se desencadenó a raíz de la decisión de Nkurunziza de presentarse a la reelección, excediendo el límite de dos mandatos previsto en la Constitución.

Las elecciones presidenciales se celebraron en medio de una gran tensión por la oleada de violencia y a pesar de la oposición de potencias regionales y extranjeras.

Las revueltas populares que comenzaron a finales de abril para protestar contra los planes de Nkurunziza de perpetuarse en el poder han costado ya la vida a más de 80 personas, e incluso hubo un intento de golpe de estado a mediados de mayo.

Más de 160.000 personas han huido de Burundi por miedo a la represión política y han buscado refugio en Ruanda, Tanzania y la República Democrática del Congo, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).