La ONU denuncia confiscación de tierra privada palestina por parte de Israel

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, denunció hoy que el Parlamento israelí haya aprobado la “confiscación” de tierra privada palestina, y pese a la condena internacional, el Gobierno haya seguido autorizando nuevos asentamientos.

“La aprobación el mes pasado de una ley que legaliza asentamientos construidos en tierra de palestinos representa la confiscación de propiedad privada, y contraviene la ley internacional”, dijo Zeid en su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La ley aprobada por el Parlamento israelí el 6 de febrero permite la regularización retroactiva en la legislación israelí (en el derecho internacional son todos ilegales) de medio centenar de asentamientos que no habían sido autorizados por el Gobierno.

Asimismo, el alto comisionado denunció que a pesar de que el Consejo de Seguridad de la ONU, en su resolución 2334, denunció el pasado diciembre los asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados, el gobierno de Benjamin Netanyahu, ha autorizado la construcción de 5.500 unidades adicionales.

Zeid también se refirió al hecho de que Israel mantenga en “detención administrativa” a cientos de reos palestinos contra los que no pesa ninguna acusación formal, y denunció medio siglo de opresión.

“La acumulación de desesperanza es generalizada”, advirtió.

El alto comisionado también criticó el bloqueo a la Franja de Gaza y denunció que esta acción constituye un “castigo colectivo” para los ciudadanos que no cuentan con las necesidades básicas cubiertas ni con sus derechos protegidos.

Zeid condenó los ataques con cohetes desde Gaza a Israel, así como la respuesta “desproporcionada” del ejército israelí a estas acciones.

Por otra parte, el máximo responsable de derechos humanos de la ONU denunció que tanto la Autoridad Palestina en Cisjordania como las autoridades de Gaza “han aumentado el uso de la detención arbitraria”, y criticó “las incesantes alegaciones de tortura y maltrato contra opositores, periodistas y activistas”.