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Obispos de Guatemala comparten el “rechazo y la indignación” por los actos de corrupción

El presidente de Guatemala respeta el posible juicio a la vicepresidenta por corrupción

EFE

Guatemala —

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Los obispos de Guatemala expresaron hoy que comparten el “rechazo e indignación” de los ciudadanos por los actos de corrupción en el país, tras el fraude fiscal descubierto por el Ministerio Público y un organismo de la ONU.

La postura de los prelados se hace pública tras la desarticulación de una red criminal el pasado 16 de abril por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por la que fueron arrestadas 24 personas y existe una orden internacional de busca y captura contra Juan Carlos Monzón, supuesto cabecilla de la mafia.

Monzón era el secretario privado de la vicepresidenta del país, Roxana Baldetti, hasta el pasado 16 de abril, cuando la mandataria lo destituyó del cargo y le pidió que se presentara ante la Justicia de Guatemala para dar explicaciones por su participación en la trama.

En un comunicado emitido este jueves, los obispos de Guatemala comparten “el rechazo y la indignación” del pueblo, expresado a través de diferentes manifestaciones populares de los últimos días.

A su juicio, estas protestas son “una señal” de que los guatemaltecos han perdido “la confianza en la institucionalidad del país” porque ven “frustrados” las “graves carencias” que existen en Guatemala, donde la corrupción ha penetrado “profundamente” en varios estamentos de la sociedad y del Gobierno.

Los prelados recordaron las palabras del papa Francisco para asegurar que la corrupción, “una llaga putrefacta de la sociedad”, supone un “grave pecado que grita hacia el cielo” y que, además, “mina” los fundamentos de la vida personal y social.

“Desgraciadamente la corrupción ha existido desde hace tiempo en nuestro país. La mayoría de guatemaltecos somos responsables de esa llaga putrefacta que enferma la sociedad por el silencio mantenido o la complicidad explícita, al favorecer los sobornos con tal de no sufrir penalidades”, proclamaron.

No obstante, apuntaron a los funcionarios públicos como los mayores responsables de esta situación, ya que representan los tres poderes del Estado y a través de su “negligencia, descuido o participación activa” fomentan este delito.

“Igual responsabilidad tienen los empresarios o comerciantes que se benefician de los actos de corrupción. No es suficiente denunciar la corrupción”, agregaron.

Por ello, exigen que quienes se han beneficiado de manera ilícita devuelvan las cantidades sustraídas y queden a disposición de la Justicia con el objetivo de promover “la paz” en el país.

“Pedimos a quienes representan el Estado de Guatemala dar un testimonio de responsabilidad ciudadana informando al pueblo la verdad de los hechos relativos al fraude fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)”, concluye el comunicado.

Entre los 24 detenidos por el caso están los dos últimos directores del ente recaudador de impuesto del país, Omar Franco y su predecesor, Carlos Muñoz.

El Congreso creó hoy una comisión para evaluar si existen pruebas en contra de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, y retirarle así su inmunidad para poder investigarla por el caso de corrupción.

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