Ombudsman recurre las reformas al Código Penal que benefician a dirigentes políticos

El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, presentó hoy un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de las reformas al Código Penal que benefician a políticos, aprobadas de “urgencia nacional” el miércoles por el Congreso.

La acción presentada por el Defensor del Pueblo busca dejar sin efecto la modificación que beneficia a los secretarios generales de los partidos políticos guatemaltecos, que no podrán ser señalados del delito de financiación electoral ilícita.

Rodas dijo que le causa “indignación” por el “descaro” de los diputados y que no puede ser indiferente ante quienes “saquean nuestro país”.

El Congreso quitó esa responsabilidad financiera a los secretarios generales de los partidos y la dejó en manos del contador de la organización política.

Diversos sectores se han pronunciado ya en contra de la decisión de los parlamentarios y la califican de una “vergüenza nacional” y les exigen dar marcha atrás.

“Es inconcebible que los diputados en forma acelerada hayan emitido reformas a las leyes penales de nuestro país”, dijo, por su parte, la poderosa cúpula empresarial aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comeciales, Industriales y Financieras (Cacif).

Los empresarios manifestaron en un comunicado su repudio a esa reforma y pidieron al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que en el ejercicio de la función constitucional proceda a vetar la reforma, que también lo beneficia a él porque fue secretario general de su partido en 2015.

Morales se salvó el lunes pasado de un antejuicio porque la mayoría de diputados no lo aprobaron, pese a que una comisión parlamentaria lo recomendó, para ser investigado por recibir financiación ilegal durante la campaña de 2015 que lo llevó a la Presidencia.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) también expresó en un comunicado su “indignación” y rechazo a la reforma penal que favorece la falta de transparencia en el manejo de los recursos que provienen de la financiación electoral.

La institución también pide al mandatario guatemalteco que vete esa modificación por “contravenir claros principios constitucionales y menoscabar el Estado de Derecho”.

El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) fueron los que denunciaron a Morales por la financiación opaca en su partido.