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Oposición gallega critica a Feijóo por su amenaza a quienes le imputen delitos y exigen contratos de la Xunta con Dorado

Beiras cree que quien "debería estar encausado" es Feijóo y BNG ve la vía judicial "un buen camino para aclarar" su relación con Dorado

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Los grupos de la oposición gallega PSdeG, AGE y BNG han coincidido al cargar este viernes contra la amenaza realizada por el presidente de la Xunta de llevar al juzgado a quienes le "imputen delitos" dentro o fuera del Parlamento y le han vuelto a exigir que publique los contratos de la Xunta con empresas de Marcial Dorado pues la Administración gallega "tiene la obligación de guardar esa información".

En declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de participar en la manifestación en defensa del gallego que ha tenido lugar en Santiago de Compostela, el portavoz parlamentario del PSdeG, Abel Losada ha asegurado que "Feijóo tiene todo el derecho del mundo a querellarse contra quien considere oportuno, pero lo que tiene que hacer en el Parlamento es contestar a las preguntas de la oposición y no ocultar de manera escandalosa la verdad".

En este sentido, Losada ha considerado "absolutamente inexplicable" la comparecencia en la Cámara gallega realizada por el secretario general técnico del Servicio Gallego de Salud (Sergas), Antonio Fernández Campa, en la que este aseguró que "la información que pide la oposición es excesiva". "Nos parece un truco del PP para convertir el Parlamento en un plató televisivo al servicio de su mayoría absoluta", ha criticado.

Por ello, ha avanzado que los socialistas gallegos "utilizarán todos los recursos parlamentarios" para ejercitar "su derecho a tener la información" sobre los contratos realizados por el Gobierno gallego con las empresas de Marcial Dorado cuando Feijóo era un alto cargo de la Consejería de Sanidad pues "que la información anterior" a los últimos diez años "podía ser destruida no es cierto".

"Feijóo tiene que dar cuenta y la cuenta no puede ser lo que le entregó a AGE, que fue un absoluto insulto a la inteligencia", ha manifestado Losada antes de reiterar que la Administración "tiene la obligación de guardar esa información" relativa al Sergas, "la unidad de gasto más importante de la administración autonómica".

"QUIEN DEBERÍA ESTAR ENCAUSADO ES FEIJÓO"

Por su parte, también en declaraciones a los periodistas durante la marcha convocada por Queremos Galego, el portavoz parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Xosé Manuel Beiras, ha considerado que, "en todo caso", quien "debería de estar encausado" es Feijóo, aunque su grupo parlamentario "no lo va ha hacer".

"Es él quien está insultando sistemáticamente a los cientos de miles de ciudadanos que no lo votaron a él sino a la oposición, es el quién está faltando absolutamente a los derechos parlamentarios de la oposición cuando en las iniciativas de control se erige en fiscal y acusador", ha asegurado Beiras antes de incidir en que "por lo tanto, si alguien debería estar encausado sería en todo caso el".

Asimismo, el líder de AGE también ha señalado que la eliminación de los contratos de la Xunta con las empresas de Marcial Dorado supondría "un delito" por lo que, a su juicio, de ser así, "sería" Feijóo "el que posiblemente acabaría imputado" por "iniciativa popular".

"LA VÍA JUDICIAL, UN BUEN CAMINO"

Asimismo, preguntado por la misma cuestión, el portavoz nacional del BNG, Xavier Vence ha asegurado que si el presidente del Gobierno gallego "necesita que alguien se inculpe por denunciar que tuvo relaciones indignas e inmorales para un alto cargo con un narcotraficante seguro que hay muchas personas en Galicia que puedan autoinculparse".

Por ello, ha manifestado que, "si Feijóo lo considera, sería un buen camino para aclarar cuál fue su historia, cuáles fueron sus relaciones" y para que los ciudadanos "empiecen a tener más información sobre las relaciones del Partido Popular con el mundo del narcotráfico en las décadas de los 80 y 90".

Además, en relación a las declaraciones del presidente de la Xunta en las que aseguró que "no hay expedientes" de contratación anteriores a 2003, puesto que la legislación administrativa sólo obliga a los órganos públicos de gestión a guardar durante 10 años dicha documentación, Vence también ha coincidido con los demás portavoces al señalar que "la documentación tiene que estar custodiada por los organismos que están contemplados en la ley".

"Está ocultando información porque no le interesa que la ciudadanía pueda tener acceso a lo que pudieron ser relaciones inapropiadas de los gobierno de Fraga en los que el participaba con las empresas de Marcial Dorado", ha advertido Vence antes de avanzar que el BNG "seguirá reclamando que se entregue toda la documentación sobre lo que ocurrió en ese periodo".

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