Ortega acusa al PPC de ejercer de “portavoz” de Fiscalía y de dar instrucciones

La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ha acusado al PPC de ejercer de “portavoz” de la Fiscalía y de dar “instrucciones” sobre el momento para la presentación de una querella contra el Ejecutivo catalán, y ha indicado que la función de los tribunales no debe ser la de “reprimir manifestaciones”.

Durante la sesión de control al Govern catalán en el pleno del Parlament, Ortega se ha pronunciado en estos términos en respuesta a una intervención del diputado del PPC Sergio Santamaría sobre el proceso participativo del 9 de noviembre.

La vicepresidenta catalana ha dicho que no deja de “sorprender” que los populares se erijan en “portavoz” de la Fiscalía a la que, además, dan “instrucciones”, y ha advertido de que con esta “inadmisible injerencia”, en la que se defienden más los “intereses” de partido que los de la legitimidad, se está haciendo un “flaco favor” al sistema.

Tras el “éxito” del proceso participativo del 9 de noviembre, Ortega ha considerado que la repuesta no debe ser la de “perseguir” judicialmente porque, ha dicho, los tribunales “no deben canalizar ni reprimir manifestaciones democráticas”, sino perseguir posibles delitos y, en el PP, “tienen muestras muy evidentes”, ha dicho.

La número dos del ejecutivo catalán ha subrayado que el PPC ha pasado de calificar el 9N de “charlotada” a asegurar que se estaba “pisando una línea roja”, lo que ha llevado al Gobierno a recurrir la consulta alternativa, por lo que cree que los populares pueden caer en el “ridículo”.

El diputado del PPC Santi Santamaría ha acusado al Govern de no querer un referéndum sino de querer “echar un pulso” al Estado “desobedeciendo” a la justicia con una consulta alternativa que ha sido una “pantomima -ha dicho- con nula calidad democrática”.

“Mas desafía a diestro y siniestro y, en lugar de recupera un diálogo leal, pide lo imposible y siguen levantando muros de división”, ha opinado el diputado popular, que ha denunciado el empleo de 10 millones de euros para la celebración del 9N, lo que puede suponer “malversación de fondos públicos” tras la suspensión de la consulta por el Tribunal Constitucional.