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El PAR propone que incitar a la bulimia y la anorexia esté penado con prisión en el Código Penal

Los senadores del Partido Aragonés (PAR) han registrado una enmienda a la reforma del Código Penal para que recoja penas y multas por incitar a través "de cualquier medio" a los menores a tener hábitos o conductas que favorecen trastornos alimenticios.

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El PAR propone que incitar a la bulimia y la anorexia esté penado con prisión en el Código Penal

La reforma de la ley se encuentra en tramitación en el Senado. El PAR, cuyos tres senadores están integrados en el grupo del PP en la Cámara Alta, propone añadir un nuevo artículo 367 bis en el Código Penal, en el capítulo que prevé los delitos contra la salud.

En concreto, se plantea incluir penas de prisión de tres meses a tres años por incitar a los menores a conductas que puedan derivar en trastornos como la bulimia o la anorexia, cualquiera que pueda suponer "un menoscabo grave de su integridad corporal o su salud física o mental".

Además, el PAR plantea que se castigue con pena de trescientos días de multa al proveedor de servicios de hospedaje de contenidos en medios electrónicos o telemáticos que "con conocimiento" de esos contenidos, no los elimine o no establezca "mecanismos efectivos que impidan el acceso de menores de edad a los mismos".

Como tercer aspecto, estos senadores incluyen en la enmienda que la comisión de este delito a través de medios electrónicos o telemáticos "conllevará el cierre de los accesos y contenidos".

LAS ESTADÍSTICAS EMPEORAN

La senadora Rosa Santos ha explicado a Europa Press que tanto la bulimia como la anorexia han registrado un repunte en los últimos años "muy preocupante" y del que alertan tanto colectivos profesionales como asociaciones de afectados. "Hemos retrocedido a ratios de los años 90", ha dicho.

Los expertos, ha añadido, aseguran que crece en las redes sociales y en internet la promoción de conductas nocivas para la salud, que pueden acabar derivando en trastornos muy graves, que afectan principalmente a niños y jóvenes.

"Junto a la prevención, el efecto disuasorio de las sanciones debe contribuir a proteger la salud que es una obligación de los poderes públicos", justifica el PAR al registrar su enmienda.

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