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PNV y PSE "comparten" el objetivo de reparar a las víctimas policiales pese a sus "diferencias" sobre la tortura

Erkoreka defiende el "rigor científico" del informe de la UPV, pese a las "legítimas" críticas de los socialistas

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El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que, pese a sus "pequeñas diferencias" respecto al informe de la UPV/EHU sobre torturas, el PNV y el PSE-EE "comparten plenamente" las políticas destinadas al reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas policiales.

Erkoreka, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno semanal, ha defendido este martes "el rigor y la calidad científica" del informe de la UPV/EHU,*elaborado por encargo del Gobierno autonómico, que contabiliza 4.113 denuncias de torturas registradas entre 1960 y 2014.

El informe ha recibido duras críticas de algunos sindicatos policiales y del propio PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno Vasco, que se ha desmarcado del trabajo por considerar que "alimenta" la teoría del conflicto entre dos bandos con el que ciertos sectores políticos y sociales tratan de justificar el terrorismo de ETA.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha afirmado que las críticas al documento son "legítimas", aunque ha defendido el "rigor" del trabajo elaborado bajo la dirección del director del Instituto Vasco de Criminología, Paco Etxebarria, del que ha destacado su "innegable prestigio" en el ámbito del estudio de las vulneraciones de derechos humanos.

"VALIDADO" POR LA ONU

Además, ha explicado que se trata de un informe elaborado de acuerdo a las directrices establecidas en el 'Protocolo de Estambul', un documento de Naciones Unidas que recoge criterios para la evaluación de la veracidad de los testimonios sobre torturas. De esa forma, ha subrayado que en este trabajo se han empleado procedimientos "validados" por la propia ONU.

Erkoreka ha recordado que el informe fue encargado en la legislatura pasada, cuando el PSE no formaba parte del primer gobierno autonómico encabezado por Iñigo Urkullu (PNV).

El portavoz del Ejecutivo ha subrayado que la decisión de encargar este trabajo es propia de un gobierno "maduro desde el punto de vista democrático", y que no tiene problema alguno en hacer una "mirada crítica" sobre las vulneraciones de derechos humanos que se hayan podido producir por parte de las fuerzas policiales.

Aunque ha reconocido que el PSE-EE ha planteado sus "discrepancias" con el estudio en la reunión del Consejo de Gobierno de este martes, ha asegurado que las "pequeñas diferencias" que existen entre el PNV y el PSE en torno a este documento "para nada ponen en cuestión que ambos partidos compartimos la apuesta del Gobierno Vasco para reconocer y reparar las vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia policial".

LEY DE VÍCTIMAS POLICIALES

Según ha recordado, jeltzales y socialistas apoyaron la conocida como 'ley de abusos policiales' y están "comprometidos en su desarrollo", así como en su defensa frente al Tribuna Constitucional, que ha suspendido de forma cautelar parte de su contenido a instancias de un recurso presentado por el Gobierno español.

"Compartimos plenamente las políticas relacionadas con el reconocimiento y la reparación de las víctimas de actuaciones policiales, aunque pueda haber discrepancias sobre el alcance, contenido y metodología de algunos informes", ha añadido.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha explicado que el informe se remitirá a la Ponencia de Memoria, Convivencia y Derechos Humanos del Parlamento Vasco, y que será en ese foro en el que los partidos políticos determinen "qué medidas" adoptar en relación a lo que se describe en el documento.

Erkoreka ha precisado que el estudio no se hizo con el objetivo de realizar una análisis sobre las torturas "caso por caso", sino que se trata de una "aproximación genérica" a este tipo de vulneraciones de derechos humanos.

Por ese motivo, ha explicado que son las víctimas de torturas cuyos casos se recogen en el texto las que pueden recurrir, si así lo desean, a los tribunales de justicia o --en el caso de que los hechos hayan prescrito-- a los cauces recogidos en la 'ley de abusos policiales' para reclamar medidas de reconocimiento y reparación.

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