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El PP rechaza en el Congreso el cese de Federico Trillo y de Alfonso Rus

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El PP rechaza en el Congreso el cese de Federico Trillo y de Alfonso Rus

El PP rechaza en el Congreso el cese de Federico Trillo y de Alfonso Rus

El pleno del Congreso ha rechazado hoy con el PP del voto y la abstención de CiU, una moción del PSOE que, entre otras cuestiones, reclamaba el cese del embajador en Londres, Federico Trillo, por sus actividades privadas, y del hasta hoy presidente de la diputación de Valencia, Alfonso Rus.

En un tenso debate, lleno de interrupciones y descalificaciones personales de un lado a otro de la bancada, la diputada socialista Soraya Rodríguez ha acusado directamente a Trillo de ejercer cuando era diputado actividades "ilegales" que no se ajustaban al régimen de incompatibilidades de los parlamentarios.

"Pedimos que se destituya de forma inmediata al embajador Trillo por haber sido pillado en una actuación claramente ilegal", ha asegurado.

Una acusación que ha extendido a otros diputados del PP actualmente en activo: Vicente Martínez-Pujalte y Agustín Conde.

En el texto de la moción, el PSOE también consideraba imprescindible que se dote a la Comisión del Estatuto del Diputado la capacidad para comprobar la veracidad de las declaraciones de actividades y de patrimonio que realizan los parlamentarios, para investigar posibles omisiones o falseamientos, pudiendo proponer incluso sanciones.

También pedía una nueva regulación, más estricta y transparente, de los conflictos de intereses de los altos cargos para evitar que sus intereses puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones, e instaba al Gobierno a que publique las declaraciones de bienes de los actuales miembros del Ejecutivo.

Además de estas medidas legales, los socialistas han añadido una enmienda a su propia moción en la que instaban al Gobierno a impedir que Alfonso Rus permaneciera por más tiempo en su cargo ante la "escandalosas grabaciones" en las que se les escucha contando dinero supuestamente de una comisión ilegal.

En contra de la iniciativa, que ha contado con el apoyo del resto de partidos de la oposición, el portavoz adjunto del PP Rafael Merino ha recordado que es fruto del "cinismo, la incoherencia y el oportunismo político" y ha defendido la legalidad de las actividades de sus compañeros de partido.

Ha recordado el caso del portavoz socialista, Antonio Hernando, que según informaciones periodísticas ofreció servicios de asesoramiento al Partido Revolucionario Democrático en Panamá mientras mantenía su escaño, aunque ninguno de esos trabajos se materializó.

Merino ha destacado también que mientras la propia Soraya Rodríguez era portavoz del PSOE, un 32 por ciento de los diputados socialistas ejercía como abogados o asesores, y se ha preguntado si ella puede garantizar el destino de todas las subvenciones que otorgó en su etapa como secretaria de Estado.

"Yo pensaba que venía al Congreso no al tribunal de la Inquisición", ha ironizado Merino, que ha asegurado que no le extraña que Rodríguez esté cada vez más arriba en su bancada, en referencia a su cese como portavoz.

Descalificaciones personales a Rodríguez que ha repetido también el diputado Agustín Conde que ha tomado la palabra por alusiones.

Conde ha insistido en que ha cumplido escrupulosamente con sus obligaciones como diputado y ha añadido que afortunadamente el honor de los parlamentarios no tiene como única referencia las afirmaciones de la "más mediocre" portavoz que ha tenido nunca el PSOE.

Unos reproches que han provocado los abucheos inmediatos de la bancada del PSOE y que han obligado a intervenir al presidente del Congreso, Jesús Posada, para poner orden y anunciar que todas las descalificaciones personales serían retiradas del diario de sesiones.

Más allá de este rifirrafe, la iniciativa del PSOE ha sido apoyada por el resto de los grupos salvo CiU, que se ha abstenido.

El diputado del PNV Pedro Azpiazu ha recordado que a nadie se le obliga a ser diputado y por eso cree necesario endurecer el régimen de incompatibilidades.

UPyD también ha apoyado la moción, aunque cree que el incumplimiento del régimen de incompatibilidades debería tener consecuencias jurídicas, y no sólo políticas.

Desde la Izquierda Plural José Luis Centella ha alertado de que cuando se mezcla lo público y lo privado, siempre termina haciéndose en detrimento de lo público, mientras que la diputada de CiU Montserrat Surroca ha justificado su abstención en que se trata de una moción "simplista y electoralista" que ni siquiera el PSOE parece capaz de cumplir entre sus filas.

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