PP, PSOE, C's y Podemos apuestan por un Pacto por la Justicia, a 6 días del 26J

Representantes de los cuatro principales partidos en intención de voto han coincidido hoy en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado en materia de Justicia con voluntad de perpetuidad en el tiempo y encaminado a conseguir una completa independencia judicial.

Lo han hecho en un debate sobre Justicia celebrado en el Consejo General de la Abogacía, moderado por su presidenta, Victoria Ortega, quien a su término ha deseado que, tras las elecciones del próximo domingo, “pasemos de una Justicia del siglo XIX a una del siglo XXI”.

Éste ha sido el principal acuerdo al que han llegado María Jesús Moro (PP), Juan Carlos Campo (PSOE), Juan Pedro Yllanes (Unidos Podemos) y Patricia Reyes (Ciudadanos), que han coincidido en la necesidad de modernizar una Justicia en ocasiones decimonónica y fomentar su independencia y eficacia.

Mientras Campo ha apostado por una reforma tecnológica, Yllanes ha abogado por la implementación de una Justicia más participativa en la que primen los criterios de “democracia absoluta e igualdad de oportunidades” en el acceso a la judicatura.

Reyes ha defendido una “reforma integral” y la necesidad de “invertir cuanto antes” para dotar a la Justicia de más jueces y recursos; y Moro, por su parte, ha pedido que el pacto se aborde desde una “estrategia nacional” que impida “deshacer lo que hemos tejido” y que se haga desde un escenario de “comodidad económica”.

Las críticas a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, han sido otros de los puntos clave en los que han coincidido los tres partidos de la oposición.

Tanto PSOE como Podemos han apostado por derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que acortó los tiempos de instrucción, y el 315 del Código Penal, que instauró la figura de la prisión permanente revisable, mientras que Ciudadanos ha abogado por modificarla.

Al respecto, Yllanes ha explicado que “es imposible” instruir una causa penal compleja en seis o dieciocho meses, como dicta la ley -a la que ha calificado como ley Berlusconi- y ha propuesto a su vez derogar parcialmente la Ley de tasas dejando exentas a Pymes y ONG.

Moro ha recordado el “esfuerzo extraordinario” que hizo el Gobierno para poner en marcha estas medidas, que, si bien ha reconocido que son insuficientes y necesitan más reformas, “no tiene sentido” abordarlas “sin consenso”. Por ello, ha invitado a las demás formaciones a que se sumen al deseo de modificar dichas leyes pero no a derogarlas, pues “las derogaciones no sirven para nada”.

Igualmente, todos menos el PP han abogado por modificar los criterios de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

PSOE se inclina por un nombramiento parlamentario “que responda al designio constitucional”; Podemos ha defendido la participación ciudadana con la intervención de un órgano que vele por ello y que nazca de las cámaras; y Ciudadanos por una reforma constitucional que reduzca sus miembros, cuya elección recaería en los jueces.

Si en algo han coincidido PP y PSOE ha sido en que hay que dotar de mayor protagonismo a los fiscales en la instrucción de las causas en las que, en palabras de Campo, el juez tenga una función de “garante y velador”.