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PP y PSOE rechazan archivar los procedimientos abiertos a manifestantes contra los recortes como pedía Amaiur

El PP, el PSOE y los nacionalistas de CiU y PNV han rechazado este miércoles en el Pleno del Congreso la pretensión de Amaiur de archivar todos los procedimientos sancionadores y procesos judiciales abiertos a los ciudadanos que se han manifestado en los últimos meses en las calles de todo el país contra los recortes del Gobierno.

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PP y PSOE rechazan archivar los procedimientos abiertos a manifestantes contra los recortes como pedía Amaiur

Durante la defensa de su iniciativa, el diputado de la coalición abertzale Sabino Cuadra ha defendido que cuando el paro y la pobreza masiva son "legales", cuando el Gobierno ve como algo "normal" la mentira, cuando la "injusticia" es un programa político de actuación y cuando la corrupción "anida" en el PP, "la confrontación social es un derecho, rebelarse un deber y practicar la desobediencia civil una obligación".

"Si el Gobierno trata a la gente como a perros ¿por qué después se queja de que haya gente que les ladre y les muerda?", se ha preguntado Cuadra, antes de censurar que se tilde de "nazis" a los participantes en los 'escraches' a los políticos mientras que desde el Ejecutivo se homenajea a la División Azul.

EL TEXTO ES UNA "OFENSA"

El único grupo que ha mostrado abiertamente su apoyo al texto de Amaiur ha sido el de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), cuyo ponente, Ricardo Sixto, ha dicho compartir buena parte de sus planteamientos, pero ha visto conveniente presentar una enmienda --que ha sido aceptada por Amaiur-- para incorporar al mismo la necesidad de redactar un protocolo que guíe las actuaciones policiales, de facilitar las identificaciones policiales, de prohibir las pelotas de goma o de acabar con las listas de los organizadores de protestas que elabora el Ministerio del Interior, entre otros muchos asuntos.

El que más beligerante se ha mostrado en el debate ha sido el PP, cuyo portavoz de Interior, Conrado Escobar, ha defendido que el texto de Amaiur supone una "ofensa" para el Estado de Derecho y un "retroceso" en la convivencia. "Proponen la aniquilación del sistema democrático con el disfraz de una política preventiva social, plantean la confrontación cívica, aplauden las coacciones en domicilios, jalean los estragos, promueven la impunidad ante las faltas y delitos, y defienden la simple desobediencia como conducta social", ha denunciado.

Para el parlamentario 'popular', estas reivindicaciones resultan "ofensivas" viniendo de una formación que sigue sin pedir la disolución de ETA y sin reconocer el daño que la banda ha ocasionado, y "poco creíbles" después de que la semana pasada la portavoz parlamentaria de Bildu, Laura Mintegui, organizara un "motín" para tratar de impedir la detención de una colaboradora etarra en Ondarroa. "No admitimos de ustedes lecciones de democracia. Todavía les queda mucho para avanzar en tolerancia y les sigue quedando un gran recorrido en el de la libertad", ha concluido.

EL GOBIERNO, OBSESIONADO CON EL ORDEN

Desde el PSOE, su portavoz de Interior, Antonio Trevín, ha avanzado su negativa a la moción de Amaiur porque ha dicho no compartir los planteamientos, si bien ha centrado su intervención en cargar contra un Gobierno que, a su juicio, está "obsesionado" con el orden público hasta tal punto que lo antepone a la seguridad pública, "donde no es tan diligente".

"Manifestarse es un derecho. Por eso, el Gobierno debería ser prudente en la aplicación de la fuerza policial", ha señalado Trevín, para quien algunas de las últimas intervenciones policiales, como la que se desarrolló con motivo del 25-S a las puertas del Congreso, no sólo "no han brillado por su virtuosismo", sino que además, como en otras protestas, el Ministerio del Interior "o bien recurrió a un secretismo discutible o bien negó las evidencias".

Por su parte, los nacionalistas catalanes y vascos, representados en este caso por Carles Campuzano y Emilio Olabarría, respectivamente, también expusieron sus 'peros' a la propuesta de la coalición abertzale coincidiendo en que el malestar legítimo de la ciudadanía frente a la política del Ejecutivo del PP no puede justificar el incumplimiento de la ley ni una deslegitimación global de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El grupo parlamentario de UPyD, por su parte, renunció a intervenir en el debate aunque se da por seguro su voto en contra.

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