El PP afea a Podemos su “ramplona” ley LGTBI por defender solo a “unos pocos”

La diputada del PP Marta González ha acusado a Podemos de defender “la libertad de unos pocos” con una ley de igualdad LGTBI “descabellada”, “ramplona” y “precipitada”, que atenta contra la intimidad de las personas y limita “desproporcionadamente” derechos como la libertad de expresión.

González ha iniciado la defensa de la enmienda a la totalidad presentada por su grupo en el pleno del Congreso con un “respetuoso recuerdo para Ekai”, el joven trans que se suicidó el pasado 15 de febrero en Ondarroa (Vizcaya) a la espera de un tratamiento hormonal, un “triste episodio” que obliga a “tratar con suma atención y cuidado a los menores de edad” que están “en una situación tan delicada”.

Sin embargo, ha criticado duramente el texto de Podemos, elaborado a raíz de la propuesta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) por incluir la posibilidad de que los menores reciban “tratamientos no reversibles” sin tener en cuenta su situación jurídica ni la opinión de sus progenitores o de quienes ostentan la patria potestad.

También ha censurado que incluya la prohibición de tratamientos médicos sin valorar la ley de autonomía del paciente “ni la opiniones medicas y científicas al respecto”, así como la sustitución de la categoría sexo por la “muy ambigua 'sexo sentido'”.

“La transposición legal de este concepto exigiría un tratamiento mucho mas cuidadoso que la precipitada y ramplona” proposición de ley de Podemos, ha enfatizado.

En su opinión, la proposición recurre “a nuevas formas de discriminación más intensas” con “una serie de propuestas descabelladas”, como la de la obligación de que la documentación administrativa se adecúe a la diversidad sexual y de género.

Y es que aunque cree que tiene algunas medidas “bien intencionadas”, son “equivocadas”, y a ellas se unen otras “no tan inocentes”.

Sobre todo la que contempla la creación de una agencia estatal contra la discriminación, encargada de castigar actitudes o expresiones vejatorias o discriminatorias hacia este colectivo por parte de administraciones, empresas, organizaciones, partidos o personas individuales con multas de hasta 45.000 euros.

En este sentido, ha censurado que hayan llevado al Tribunal Constitucional la Ley de Seguridad Ciudadana por considerar que atenta contra la libertad de expresión.

“¿Le gustan las mismas sanciones en unos casos que en otros?”, ha lamentado la diputada para acusarles de defender “la libertad de unos pocos frente a otros” en una “errática y ventajista posición”.

Por el contrario, el texto alternativo del PP busca mejorar las condiciones de “un colectivo amplio y heterogéneo, unido por la persistencia de ideas preconcebidas, estereotipos y clichés”, desde el “respeto a la igualdad” y sin contravenir preceptos constitucionales como la libertad de expresión, religiosa e ideológica“.

“Un texto de carácter integral con el que la legislación puede seguir avanzando” para garantizar “la igualdad de trato y combatir la discriminación sin recurrir al intervencionismo en todas las esferas de la vida, sin la creación de categorías que atenten contra la intimidad de las personas y sin vulnerar derechos como la libertad de expresión”, ha zanjado.