El PP valenciano denuncia que Ximo Puig cuenta con 178 asesores frente a los 45 que tenía Alberto Fabra

El vicesecretario de Ideas, Principios y Valores del PPCV, Luis Santamaría, ha denunciado este viernes un “oscurantismo” organizativo en torno al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya que asegura que en el área de Presidencia hay actualmente adscritas 178 personas en puestos de confianza, con un coste de 8.196.264 euros, mientras que en la época de Alberto Fabra la cifra era de 45, con un coste de 2.104.709.

Los 'populares', que hablan tanto de subsecretarios como directores generales, jefaturas de servicio y personal eventual, incluyen en ese listado a la Abogacía de la Generalitat y a otras áreas que en el actual gobierno se han adscrito a Presidencia como la Agencia de Turismo o Emergencias.

Santamaría ha expresado la “enorme preocupación” del PP porque el Consell esté haciendo de la administración pública un “cortijo” para aumentar la “red clientelar” tanto de PSPV como de Compromís y ha atribuido la “inflación” orgánica a la “batalla” entre Puig y la vicepresidenta, Mónica Oltra, por la “supremacía” y por el “choque de trenes o rivalidades políticas que deriva en el que Palau de la Generalitat se parezca más al Kremlin que a una organización administrativa”.

En una rueda de prensa junto con la coordinadora general del PPCV, Eva Ortiz, para hablar de cuestiones de actualidad política, Santamaría ha denunciado que se ha convertido a la administración en “una especie de territorio de purgas” y un “campo de batalla” entre Puig y Oltra. En esta línea, ha asegurado que desde el verano más de cien personas están “en casa” en expectativa de destino, una situación que ha calificado de “enormemente grave”.

“DISPARAR EL REVÓLVER”

Según los datos de Santamaría, entre el 30 de junio y el 20 de octubre se han registrado 117 ceses en subdirecciones generales y jefes de servicio y 85 nombramientos. De los ceses, ha indicado que los consellers que “más han disparado el revólver” han sido Presidencia, con 23 ocasiones; Vicepresidencia, con 12; Educación, con 22; Economía, con 14; Sanidad, con 12; Hacienda, con 10 y Vivienda con ocho. También se ha cesado a 20 interinos en Agricultura y a otros 30 en el Servef.

De los nombramientos, ha manifestado que los 85 nombramiento han sido por comisión de servicio y adscripción provisional, pese a que deberían haber sido por libre designación. Así, según ha dicho, se han hecho “sin publicidad y sin concurrencia” pública y, por tanto, sin que los nombres hayan salido publicados en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Por ello, ha denunciado que ha habido “bastante revanchismo” en los ceses y “opacidad” y “oscurantismo” en los nombramientos, con algunas personas de las que han sido designadas que formaron parte en las pasadas elecciones municipales en las listas de PSPV y Compromís.

Según Santamaría, esta “preocupación” también ha sido expresada por la Unión Sindical Obrera, en concreto en torno a los cuerpos docentes, UGT o CCOO.

“Se está instrumentalizando enormemente la administración de la Generalitat”, ha dicho, y ha criticado también que se va a abrir los puestos de libre designación a funcionarios municipales, que estarán por encima de los de la Generalitat.

“PATA NEGRA”

Santamaría también ha asegurado que la Comisión Interministerial ha decidido “unilateralmente” que las comunicaciones internas en las administración pública se produzcan “preferentemente en valenciano”. Al respecto, ha recalcado que la legislación impide que el requisito lingüístico pueda ser exigido en procesos selectivos y por ello ha aludido a una “posible vulneración de la cooficialidad de las dos lenguas y un derecho fundamental” y ha mostrado su temor a que se esté seleccionando “funcionarios pata negra” por el dominio del valenciano de otros que será apartados porque no lo hagan.

El PPCV está analizando de si este escrito “se puede producir vulneración de derechos fundamentales” y ha manifestado que, de hacerlo, presentarán un recurso contencioso-dministrativo.

Por último, ha anunciado que el PP ha presentado un escrito a las Corts, dirigido a la Conselleria de Transparencia, en la que piden que abra una investigación por “incumplimiento” tanto de Puig como de 51 altos cargos de la ley al no publicar en el portal la trayectoria profesional “incluyendo la reproducción gráfica de títulos académicos y acrediatciones de currículum”. A su juicio, es “grave que los responsables políticos no cumplan con lo dispuesto” en la normativa, “más aún cuando es algo tan sencillo”.