PP exige revisar los controles ante el caso de prostitución menores en Álava

El presidente del PP de Álava, Javier de Andrés, ha reclamado hoy “total transparencia” sobre los posibles casos de prostitución de menores acogidos por la Diputación alavesa, que “se depuren responsabilidades” y que se revisen los controles y la manera en que se trabaja con estos chavales.

El también portavoz popular en las Juntas Generales se ha referido en una rueda a prensa a la presunta trama de prostitución de menores en la que están implicados varios jóvenes acogidos en un centro de la Diputación, aunque hoy el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha indicado que “podría haber más” de un centro afectado.

De Andrés ha dicho que este “desolador” asunto “se le ha ido de las manos” a la Diputación de Álava y “particularmente” a la diputada de Servicios Sociales, Beatriz Artolazabal (PNV), a la que ha acusado de “ocultar información” porque el sábado no dijo a los periodistas que ya en abril se interpuso una denuncia por este tema pero no prosperó.

La entidad foral presentó otra demanda en octubre ante la Ertzaintza y de momento hay una persona en prisión relacionada con estos hechos.

Según distintas informaciones periodísticas, habría además otras cinco personas interrogadas, entre ellas presuntos clientes de la supuesta red de prostitución.

De Andrés ha considerado “inaudito” que Artolazabal no supiera que en abril se había interpuesto una primera denuncia -como informó ayer el diputado general, Ramiro González-, aunque en todo caso la respuesta de la Diputación es “insuficiente”.

El dirigente popular ha exigido que se aclare el conocimiento que han tenido del caso todos los actores implicados, desde los trabajadores directos del centro hasta los responsables políticos de la Diputación, para determinar “dónde ha habido un cortafuegos que ha impedido tomar decisiones” para atajar la situación.

De la misma manera ha pedido que se establezcan responsabilidades sobre “qué ha ocurrido y quién ha fallado” y que tras “un análisis sosegado” se revisen los controles de estos centros forales porque “están funcionando francamente mal”.

“No se puede echar tierra sobre este asunto”, ha proclamado De Andrés, quien ha pedido la comparecencia a puerta cerrada en Juntas Generales de la empresa Urgatxi, adjudicataria del centro en cuestión, y también de Artolazabal y González.