El PP se desmarca de una posible actuación de la Fiscalía contra Monedero

El grupo popular del Senado ha dejado claro que la posibilidad de acudir a la Fiscalía por la declaración que ayer prestó en esta Cámara el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero no está entre sus prioridades, y que su trabajo se limita a “las cuatro paredes” del Parlamento y no es buscar posibles delitos.

El portavoz del PP en la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos de la Cámara Alta, Luis Aznar, acusó ayer públicamente a Monedero de “mentir” en su comparecencia sobre la “conexión venezolana” de Podemos, algo que está castigado penalmente, tal y como recuerda la presidenta de la comisión, Rosa Vindel, al comienzo de cada declaración.

Preguntado en rueda de prensa sobre la posibilidad de que el PP decida llevar este asunto a la Fiscalía, Aznar ha explicado que su trabajo de investigación “no está en buscar presuntos delitos y faltas, porque es el trabajo de otra gente” y que lo que tiene que hacer la comisión es llegar a unas conclusiones sobre el sistema de financiación de los partidos políticos en España.

Eso sí, Aznar ha subrayado que las actas de todas las sesiones “están a disposición de todo el mundo, y también de los tribunales”, y ha añadido: “A partir de ahí, que cada uno actúe en consecuencia”.

Fuentes del PP han aclarado después que, en todo caso, la decisión sobre los efectos judiciales del testimonio de Monedero o de cualquier otro compareciente será adoptada por la dirección del grupo popular, y nunca antes de que la comisión concluya su labor, sino al final de sus trabajos, cuando disponga de sus conclusiones.

En principio, el plazo máximo de un año concedido a este órgano para investigar la financiación de los partidos concluirá el próximo mes de junio.

De momento, Podemos ha decidido querellarse contra los dos periodistas que también comparecieron ayer, Enrique Riobóo y Eduardo Inda, sobre la supuesta financiación recibida por este partido de Irán y Venezuela, por las “falsas acusaciones” que vertieron, ante lo que Aznar se ha limitado a señalar que todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales si se creen perjudicados.