El PP cree que la justicia universal promete mucho pero sólo consigue conflictos

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha defendido hoy la proposición presentada por su grupo para restringir las condiciones en las que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional porque la justicia universal “promete mucho” pero solo consigue “conflictos”.

Alonso, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha explicado que la proposición de ley del PP que pide una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) pretende “evitar conflictos diplomáticos” y adecuar la legislación española a las regulaciones del Derecho internacional.

No obstante, ha admitido también que habrá que “analizar el impacto” que pueda tener esa reforma en asuntos que ahora mismo están abiertos en la Audiencia Nacional,

“Nos preocupa la ineficacia de la fórmula de la justicia universal porque promete mucho pero al final no se consigue nada mas que tener conflictos”, ha indicado.

En 2009, el Congreso ya aprobó una reforma de la LOPJ que restringió la actuación de la Audiencia Nacional en esta materia a los casos en que existan víctimas españolas o los responsables del delito estén en España.

Ahora, la proposición de ley del PP, que ha entrado en trámite de informe a la espera del visto bueno del Gobierno, propone poner otro límite más para que sólo se puedan investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada.

La Audiencia Nacional tramita en este momento diversas causas bajo ese principio de justicia universal.

Una de ellas es la investigación sobre la represión en el Tíbet en la que el tribunal emitió en noviembre pasado órdenes internacionales de arresto contra cinco exdirigentes comunistas, entre ellos, el expresidente chino Jiang Zemin.

Otras de las causas que podría verse afectada es la investigación del cámara de televisión José Couso en Irak, ya que en este caso los militares imputados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz son ciudadanos estadounidenses que no están en España.