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El PP dice en su ponencia que una reforma de la Constitución sin consenso previo es irresponsable y genera división

Acepta oír propuestas con tres condiciones: que se concrete su alcance, que se demuestre que hace falta y consenso como en el 78

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El PP dice en su ponencia que una reforma de la Constitución sin consenso previo es irresponsable y genera división

El Partido Popular defiende en el borrador de la "Ponencia económica y de Administración Territorial", que una reforma de la Constitución sin consenso previo es un ejercicio de irresponsabilidad, que no genera confianza y sí divisiones. Los populares, que no proponen en ese texto la reforma de la Carta Magna, si están dispuestos a oír a quien tenga propuestas, pero pone tres condiciones: conocer el alcance de la misma, que se demuestre que es necesaria y un consenso similar al de 1978, según informaron a Europa Press en fuentes del PP.

Esta ponencia, que se debatirá en el XVIII Congreso Nacional que el PP celebrará los días 10, 11 y 12 de febrero en Madrid, ha sido coordinada por el exministro y vicesecretario de Política Autonómica, Javier Arenas y en la misma han participado como ponentes el presidente de la Xunta, Alberto Feijoo, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, el coordinador del PP catalán, Xavier García Albiol y el presidente riojano José Ignacio Ceniceros.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, el texto de la ponencia arranca poniendo de manifiesto que el PP no promueve la reforma constitucional, resaltando su vigencia y que es una referencia viva que ha dado a España la mejor etapa de progreso social, construyendo una democracia avanzada y descentralizada.

No obstante, argumentan que la Constitución de 1978 no es inamovible, "ni un candado permanente", recordando que ellos han participado ya en dos reformas. Por ello, los populares sí están dispuestos a oír a quien tenga propuestas de reforma, aunque ésta no "puede ser un fin en si mismo" y las diferencias hay que solventarlas previamente.

En este sentido, demanda una consenso en el punto de partida y de llegada. Por ello, exigen que se concrete lo qué se quiere reformar, que se demuestre que hace falta y que resuelve los problemas que se quieren superar, así como un consenso similar al de la Constitución de 1978. El documento advierte que una reforma sin consenso sería un ejercicio de irresponsabilidad que no genera confianza y sí divisiones.

NO AL REFERÉNDUM

Los populares reiteran en el texto que el pueblo español es el único titular de la soberanía y que no cabe en nuestro ordenamiento jurídico un referéndum de autodeterminación, subrayando que España es una nación de ciudadanos libres e iguales.

Por el contrario siguen apostando por el Estado de las autonomías, promoviendo a través de él la igualdad en derechos y obligaciones de todos los ciudadanos. El borrador enuncia también de manera genérica la necesidad de una nueva financiación autonómica, cuyo objetivo debe ser que haya una oferta básica de servicios esenciales para todos los ciudadanos, destacando que "reforzar el Estado Autonómico es reforzar el Estado del Bienestar"

Asimismo, plantea potenciar las Conferencias Sectoriales y la Conferencia de Presidentes, que se debe ir llenando de contenido. También recoge la reforma de las Administraciones Públicas y del Senado. En el caso de la Cámara Alta, siguiendo el acuerdo con las conclusiones de la ponencia de la X Legislatura.

Sobre la reforma de la Administración defiende continuar en la línea de suprimir duplicidades y clarificación de competencias entre ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado.

AYUNTAMIENTOS: GOBIERNE EL MAS VOTADO

Los populares vuelven a introducir en la ponencia una de sus viejas demandas, una reforma de la ley electoral para que en los ayuntamientos gobierne el cabeza de lista de la candidatura más votada, pero no concreta fórmulas y lo condiciona a que haya un amplio consenso con los partidos políticos.

También defiende el mantenimiento de las diputaciones provinciales, sobre todo para dar asistencia en áreas económicas, jurídicas y técnicas para pequeños y medianos municipios que no lleguen a los 20.000 habitantes. El PP argumenta que las diputaciones no son un problema financiero, porque la mayoría está en superávit y no se ahorra nada suprimiéndolas porque algún organismo tendría que asumir su función.

MEJORAR LA "LEY MORDAZA"

En el capítulo de Interior, el texto coordinado por Javier Arenas, manifiesta su disposición a "mejorar", aunque no a derogar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la conocida como "Ley Mordaza".

Según las fuentes consultadas por Europa Press, el PP considera que hay margen para negociar sobre esta ley, siempre que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sigan teniendo cobertura legal para cumplir con sus funciones.

Por otra parte, la ponencia recoge dos iniciativas que ya ha anunciado el ministerio del Interior: la creación de un Centro Nacional de Desaparecidos y una Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio.

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