El PP ve responsable “clara” a Díaz y fija en 1.970 millones los fondos perdidos

El PP andaluz señala en sus conclusiones de la comisión de investigación de los fondos de formación unas responsabilidades políticas “claras y contundentes”, entre las que destacan las de la presidenta, Susana Díaz, y fija en 1.970 millones el perjuicio económico como consecuencia del “fraude” en la gestión.

En las 174 páginas del documento de los populares, detallado hoy en rueda de prensa por la portavoz de Empleo, Teresa Ruiz Sillero, se señala como responsables políticos a un total de 35 altos cargos de la Junta, entre los que están Díaz y sus antecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán, como ya se avanzó la semana pasada.

El PP fija la responsabilidad política de Díaz en quince puntos, principalmente por la paralización de los cursos, pero también le achaca la “falta de colaboración” de la Junta con la comisión, que se “oculte información fundamental” para conocer la totalidad del fraude o que “impulsara” un segundo cambio competencial de Educación a Empleo, “a sabiendas del caos que organizativo que se añadía”.

Además, le responsabiliza por “inhibirse” tras recibir nueve informes de actuación de la Intervención General; por “hacer negocio” con el dinero de la formación, ya que los 400 millones que se adeuda a las empresas se han destinado a “otros fines” y por “propiciar” la pérdida de 30.000 puestos de trabajo en el sector.

Los populares creen que Díaz también participó en la recepción de fondos para el PSOE a través del alquiler de sedes compartidas con UGT; que conoce lo que sucedía desde la dimisión del ex número dos del PSOE-A Rafael Velasco; que ha “ocultado” relaciones familiares directas relacionadas con la formación y que desde el Gobierno andaluz no hace “todo lo posible” para recuperar el dinero.

El PP responsabiliza a Díaz además de la pérdida de fondos estatales, de la pérdida de fondos europeos y de un “perjuicio” total que alcanza los 1.970 millones según sus estimaciones.

En concreto, detallan que de 2012 a 2016 han sido “cinco años en blanco” en los que se han dejado de emplear 822,3 millones, de los que 803 corresponden a la etapa de Díaz.

A esa cantidad se añaden 46,9 millones perdidos de fondos europeos; 539 millones pendientes de justificar; 60 millones de reintegros pendientes de la FAFFE; 20 millones de reintegros pendientes de los consorcios de formación; 82,4 millones de reintegros no devueltos de las entidades a las que se les ha reclamado y 400 millones de las cantidades que se adeudan a las entidades por el 25 por ciento pendiente de liquidar.

Entre los responsables políticos, además de Chaves, Griñán y Díaz, el PP incluye a la actual consejera de Hacienda, María Jesús Montero, y al consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado.

De etapas anteriores señala a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera, Antonio Fernández, Antonio Ávila y Manuel Recio, y al exconsejero de Educación Luciano Alonso.

El resto de responsables, según el PP, son ocho viceconsejeros de empleo y gerentes del SAE; seis directores generales de formación profesional para el empleo; diez delegados provinciales con competencia en materia de formación y el director general de FAFFE.

El PP establece en sus conclusiones diecisiete “hitos cronológicos en el conocimiento de las irregularidades”, con los que pretende “hacer constar” que el Gobierno andaluz tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo con la formación.

En ese repaso incluye cuando Chaves recibió en 2007 el primer informe de la Cámara de Cuentas que hablaba de las subvenciones; la dimisión de Velasco en 2010 cuyas razones se quisieron “ocultar”; que el marido de Díaz dejara de trabajar en IFES un mes después de que ella fuera nombrada consejera en 2012; o los dos traspasos de competencias por parte de Griñán y Díaz.

El “entramado” del empresario y exconsejero Ángel Ojeda tiene un apartado específico como “paradigma” de cómo se recibían los fondos “irregulares”, y hay otro sobre la gestión posterior del dinero.

Ruiz Sillero ha pedido a todos los grupos “una reflexión” sobre lo acontecido y ha reclamado a Ciudadanos que no haga “pinza” con el PSOE o que no vea condicionada su posición por “intereses políticos o por estar sustentando un determinado gobierno”, ya que el presidente de la comisión de investigación es de este partido.