El PP se opone a regular el destino del superávit de los ayuntamientos alegando que el Gobierno ya puso obligaciones

El PP se ha opuesto este martes en el Pleno del Congreso a tramitar una proposición de ley con el objetivo de definir a qué programas pueden destinar los ayuntamientos españoles su superávit alegando que se trata de una “mala copia” de una iniciativa ya aprobada por el Gobierno y que está en vigor.

El Pleno de la Cámara Baja ha debatido la tramitación de la proposición presentada por el PSOE para autorizar a las corporaciones municipales a emplear su superávit presupuestario en la “reactivación de la economía, la creación de empleo, la promoción del bienestar social o la atención a los más necesitados”.

El PP, que se ha quedado solo en el rechazo de esta iniciativa, ha defendido que el Gobierno ya reguló la materia el pasado mes de febrero aprovechando un decreto ley sobre los daños causados por un temporal. Un asunto que, sin embargo, para el PSOE está “mal resuelto” porque asegura que sólo sirve para este año y “excepcionalmente” para 2015.

PP: PROMUEVEN DESPILFARRO Y DESCONTROL

“Han traído a la Cámara una mala copia de una propuesta ya en vigor”, ha reprochado a los socialistas el diputado del PP Rafael Merino, quien ha advertido de que la iniciativa “rebasa el marco legal” y se dirige “hacia el despilfarro y el descontrol”.

En este punto, ha defendido las medidas de ajuste y estabilidad presupuestaria puestas en marcha por el Gobierno y las ha contrapuesto a los planes de inversión local, los denominados plan E, del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. “Frente a la política de dilapidar el dinero, nosotros practicamos la de facilitar la liquidez a las entidades locales y conseguir que lleguen a los objetivos establecidos”, ha presumido.

Merino considera un “ejemplo a seguir” la reducción del déficit presupuestario lograda por las administraciones locales y ha preguntado al PSOE “por qué se empeña en poner palos a las ruedas”. “¿Por qué están en contra del municipalismo?”, ha preguntado exigiendo a los socialistas que “abandonen la demagogia, no se dejen arrastrar por los populismos y vuelvan al camino de la sensatez”.

DESMANTELAMIENTO DEL GOBIERNO LOCAL

Frente a esto, el encargado de presentar la proposición, el diputado del PSOE Joan Rangel, ha criticado el “desmantelamiento del gobierno local” que está sufriendo España para convertir a los municipios en “una simple administración tutelada y dirigida de forma centralizada” por el Gobierno.

Por ello, ha defendido la necesidad de dotar a las entidades locales de un marco estable de carácter normativo que les permita planificar o abordar inversiones importantes. “Necesitamos un marco estable si de verdad queremos inversiones sensatas, la posibilidad de sostenibilidad y que no sean cosas improvisadas”, ha advertido.

Para ello, los socialistas planteaban añadir una disposición a la Ley de Haciendas Locales con un listado “lo suficientemente comprensivo” de áreas donde invertir ese excedente presupuestario como para que los ayuntamientos tengan “margen de maniobra” y “diferentes opciones” de inversión.

En concreto, se proponía que los fondos pudiesen ir a vivienda, pensiones, servicios sociales, dependencia, fomento del empleo, salud, educación, cultura, fiestas populares y festejos, industria, deportes, desarrollo empresarial o carreteras, además de otras áreas como aguas, residuos, alumbrado público, medioambiente, estructuras agropecuarias, energía, comercio, promoción turística, transportes, recursos hidráulicos, investigación científica o sociedad de la información.

APOYO CON MATICES DE TODA LA OPOSICIÓN

Este listado de servicios es el que ha cosechado algunas críticas del resto de grupos de la oposición, pese a que todos han apoyado la tramitación de la proposición por considerar necesario dar autonomía a los municipios para decidir a qué destinan sus remanentes de tesorería.

Por parte de CiU, Carles Pàramo ha advertido de la necesidad de concretar y “dar coherencia” al contenido de la iniciativa por su actitud “generalizadora” de los programas de inversión, pero ha reconocido la necesidad de clarificar sus inversiones ante la “injusta condena” que sufrieron las administraciones locales, acusándolas de mala gestión.

A su juicio, los cuestionamientos al buen gobierno de los municipios formaban parte de una “campaña” para “justificar las políticas de recentralización” y ha destacado la capacidad de los ayuntamientos para generar riqueza y crear empleo.

La proposición de ley también ha sumado el apoyo de La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), cuya diputada Ascensión de las Heras ha arremetido contra los “recortes” que han tenido que sufrir las administraciones locales durante la presente legislatura y ha censurado que los ayuntamientos no puedan invertir en cuestiones como servicios sociales, escuelas infantiles o la atención a víctimas de violencia de género pese a “disponer dinero para ello”.

Pese a ello, ha señalado que tampoco comparte el listado ofrecido por el PSOE porque no tiene en cuenta cómo han conseguido las entidades locales llegar a superávit, si lo han hecho recortando servicios públicos, y tampoco aclara qué sucedería con el gasto asociado a esas inversiones. “Lo uno no puede ser sin lo otro a no ser que se dé por supuesto una gestión privada. Y para eso con nosotros no cuenten”, ha advertido.

UPyD ACUSA DE BUSCAR BENEFICIOS ELECTORALES

El diputado de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) Álvaro Anchuelo ha compartido que “no tiene sentido” generalizar las restricciones a los ayuntamientos en equilibrio presupuestario y deberían limitarse a aquellos en mala situación financiera. Sin embargo, tampoco comparte la lista ofrecida por los socialistas sobre inversiones financieramente sostenibles, como los festejos populares.

“Su iniciativa tiene mucho que ver con que 2015 es año electoral”, ha reprochado al PSOE anunciando sin embargo su apoyo a la tramitación de la iniciativa como una “buena ocasión de reabrir el debate de la reforma local” y volver a defender las propuestas de UPyD en materia local, como la fusión de municipios o la eliminación de las diputaciones provinciales.

ABANDONAR EL “ESPÍRITU POLICIAL”

Por parte del PNV, Pedor Azpiazu ha explicado que los municipios del País Vasco no están afectados por esta medida debido al régimen foral, pero ha apoyado la iniciativa porque cree que los gobiernos locales deben tener la “libertad” para invertir sus remanentes. “Dejémosles actuar y dejemos de lado ese espíritu policial que a veces desde las leyes se puede tener”, ha pedido.

La diputada del BNG Olaia Fernández ha anunciado que su partido comparte la propuesta para “activar la economía y la creación de empleo” y ha defendido que los municipios deben tener autonomía para llevar a cabo inversiones “que tengan una orientación de dinamizar la economía local”. También ha criticado la reforma local “como límite de competencias” y capacidad de actuación de las entidades locales.

Por último, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha recordado que los ayuntamientos son la administración mejor valorada y con menor déficit y la ley, “en vez de premiarles”, los “castiga” prohibiéndoles decidir dónde destina sus remanentes de tesorería, en función de las necesidad que detectan “en el día a día”. “Todo lo que sea acercar las instituciones a los ciudadanos contará con nuestro voto a favor”, ha garantizado.