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El PSOE pide al Congreso que rechace el veto del Gobierno a la proposición de ley para subir las pensiones

El PSOE pide al Congreso que rechace el veto del Gobierno a la proposición de ley para subir las pensiones

EUROPA PRESS

MADRID —

Esa proposición de ley, que recoge las pretensiones de Comisiones Obreras y UGT, lleva la firma del PSOE, Unidos Podemos, Esquerra (ERC), el PNV y la antigua Convergència, todos los grupos de la oposición salvo Ciudadanos, que está a favor de la revalorización pero considera “un parche” la iniciativa. Su objetivo es aplicar a las pensiones del próximo año un incremento del 1,2%, coincidente con la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC) prevista por el Gobierno.

El Gobierno ha pedido no tramitar esa ley de la oposición alegando que su aplicación supondría un coste de más de 1.150 millones de euros que tendría que asumir el Estado, sin que se detalle de dónde deberían salir. El veto de Moncloa, el decimosexto y último de los presentados esta legislatura, será analizado este martes en la Mesa de la Cámara.

LA MOTIVACIÓN NO ES NI RAZONADA NI OBJETIVA

Ante ese debate en el órgano de gobierno del Congreso, el PSOE ha presentando un escrito pidiendo desoír el veto del Gobierno al considerar que la motivación del Ejecutivo “no resulta razonada, objetiva y suficiente”, y por tanto, solicitan a la Mesa del Congreso que “acuerde la continuación de la tramitación de dicha proposición de ley”.

En su escrito, recogido por Europa Press, los socialistas argumentan que la proposición de ley “no afecta en absoluto” al presupuesto vigente, que a su juicio es el que puede justificar el veto, sino que su coste se carga al de 2017, que no existe y de hecho el Gobierno “ni siquiera apunta el coste que supondría adoptar esta medida en el ejercicio 2017, ni puede hacerlo, puesto que no se ha fijado aún mediante la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado el incremento de las pensiones para ese año”.

El PSOE concluye que “no puede considerarse razonada, en los términos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los precedentes parlamentarios, la motivación trasladada por el Gobierno para oponerse a la tramitación de la proposición de ley”.

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