El PSOE pide el amparo del Congreso a los alcaldes contrarios al referéndum

El PSOE ha presentado hoy una enmienda a la proposición de Ciudadanos para apoyar al Gobierno en la defensa del Estado de derecho en Cataluña, en la que pide que se muestre también el amparo del Congreso a los alcaldes contrarios al 1-O e insiste en la necesidad de “buscar una salida pactada y legal”.

Ciudadanos forzará este martes en el pleno una votación para obligar a que el resto de fuerzas políticas se retraten ante el referéndum del 1-O y que ha sido muy criticada por el PSOE y Podemos.

Aunque cuestionan la oportunidad de la proposición no de ley de Cs, el grupo parlamentario socialista ha acordado hoy apoyarla siempre que los de Albert Rivera acepten su enmienda.

Con ella proponen que, además del respaldo al Gobierno, la Cámara muestre el “apoyo y amparo” a los alcaldes que “mantienen con firmeza la defensa de la legalidad constitucional”.

También piden que se inste a los “representantes de la pluralidad y diversidad de la sociedad catalana y del conjunto de la ciudadanía española a abrir un espacio de diálogo y a buscar una salida pactada y legal que permita desterrar la división y reforzar la convivencia de todas las sensibilidades” del país.

Quieren además que se haga un llamamiento a los responsables institucionales que “desafían las normas más elementales del Estado de Derecho y del sistema democrático para que vuelvan a la legalidad constitucional y estatutaria”, porque “es la única garantía de la libertad ciudadana y de la existencia de la propia democracia.

La enmienda registrada por el PSOE reclama también que se modifique el apartado 1 de la proposición no de ley de Cs donde dice “impedir la organización referéndum de secesión de Cataluña, convocado por la Generalitat y declarado inconstitucional por la resolución del Tribunal Constitucional (...), de fecha 8 de septiembre de 2017”.

Según los socialistas, el texto debería poner “convocado por la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017 de 6 de septiembre, suspendida por resolución del Tribunal Constitucional del 7 de septiembre de 2017”.