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El PSOE pide en el Congreso crear una comisión para estudiar con antelación convenios internacionales como el CETA

El PSOE ha remitido un escrito a la Mesa del Congreso en el que solicita la creación de una comisión de estudio y evaluación de los tratados y acuerdos internacionales que, como el Tratado de Libre Comercio con Canadá (CETA), el Gobierno vaya a firmar o en cuya negociación participe, con el fin de poder evaluar las consecuencias de su aplicación en España antes de su adopción definitiva.

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El PSOE pide en el Congreso crear una comisión para estudiar con antelación convenios internacionales como el CETA

Con esta petición, los socialistas buscan poder tener "un mayor conocimiento y control" de los contenidos y los términos y consecuencias de esos textos internacionales, y cumplir, además, con las nuevas exigencias de transparencia de una sociedad moderna y de participación de los Parlamentos nacionales en ese tipo de tratados.

El PSOE ya avanzó hace unos días que reclamaría la puesta en marcha de esta comisión después de explicar su cambio de postura ante el CETA, ante el que se acabaron abstuvieron. Este hecho llevó al responsable socialista del área económica del PSOE, Manuel Escudero, a apuntar que plantearían cómo abordar otros futuros nuevos tratados multilaterales.

LLAMAR COMPARECIENTES

La iniciativa socialista plantea que la citada comisión, conforme a un plan de trabajo acordado en su seno, solicite al Gobierno la remisión de los textos y la información que considere necesaria para llevar a cabo sus tareas, y requiera la opinión de expertos y personas o colectivos competentes en la materia, así como de representantes de las organizaciones sindicales, de las asociaciones empresariales y de otros grupos o movimientos sociales.

En concreto, el PSOE plantea que ese órgano estudie esos textos y la información recibida y evalúe sus consecuencias políticas, económicas, sociales, medioambientales o de otra índole, pudiendo emitir dictámenes que contengan resoluciones y propuestas sobre los mismos. Todo ello sin perjuicio de las facultades de autorización que la Constitución reconoce a las Cortes Generales respecto de la prestación del consentimiento del Estado.

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