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El PSOE exige en el Congreso la retirada del texto y la anulación de todas las multas por manifestarse

El PSOE exige en el Congreso la retirada del texto y la anulación de todas las multas por manifestarse

EUROPA PRESS

MADRID —

Así se recoge en la moción que los socialistas han registrado en el Congreso, consecuencia de la interpelación dirigida el miércoles con el ministro Jorge Fernández Díaz, y que se debatirá y votará en la Cámara Baja el próximo 12 de diciembre, previsiblemente.

En aquella interpelación, el secretario general del Grupo Socialista, Eduardo Madina, definió la iniciativa del Gobierno como “pesadilla ideológica”, “intentona antidemocrática” o “Ley de represión ciudadana”, y ya avisó de que el PSOE llevará la ley al Tribunal Constitucional y auguró “la mayor ola de protestas en la calle de su Historia”.

LOS RETOQUES NO BASTAN

Ese mismo miércoles el ministro confirmó después que algunos extremos del primer borrador habían sido reconsiderados. De hecho, Interior lleva este viernes al Consejo de Ministros otro anteproyecto donde se reducen las conductas castigadas con la sanción económica más elevada, pero el PSOE sigue pensando que es insuficiente.

En su moción, recogida por Europa Press, los socialistas insisten en exigir la retirada del anteproyecto porque “su finalidad es impedir a los ciudadanos la protesta pacífica ante los drásticos recortes sociales que aplica el Gobierno”.

El PSOE insta al Congreso a “rechazar los intentos del Gobierno de restringir mediante iniciativas legislativas derechos fundamentales reconocidos en la Constitución como la libertad de expresión, reunión y manifestación, la libertad de información o el derecho a la huelga”.

DERECHOS FUNDAMENTALES

“Las normas sancionadoras que tienen como finalidad la protección de la seguridad ciudadana en una sociedad democrática no deben emplearse para restringir injustificadamente el ejercicio de derechos fundamentales vinculados con la participación política de la ciudadanía”, sostienen.

Además, los socialistas reclaman al Gobierno que “anule todas las actuaciones que, conforme a la ley vigente, han concluido con sanciones económicas injustificadas a personas y colectivos por el simple hecho de ejercer sus derechos constitucionales”.

Por último, se exige al Ministerio de Interior a que “renuncie a la instrumentalización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como elementos de represión de la protesta social”.

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