El PSOE quiere en la Constitución un mínimo en sanidad, educación y pensiones

El PSOE es partidario de reformar la Constitución para que se garantice el derecho a la educación, la sanidad y las pensiones, de manera que quede asegurada una prestación mínima e igual a todos los españoles de estos derechos sociales con independencia del territorio en el que vivan.

Esa es una de las propuestas recogidas en el último borrador de la reforma constitucional que ha diseñado un equipo coordinado por el ex ministro Ramón Jáuregui, con la que los socialistas pretenden ofrecer una nueva política federal frente a las tensiones territoriales.

Según este documento, al que ha tenido acceso Efe y que el pasado lunes fue remitido a los secretarios generales regionales para su debate, antes del Consejo Territorial de julio, el PSOE aspira a que la Carta Magna tenga un apartado para los hechos diferenciales distintivos de algunos territorios y las competencias derivadas de las singularidades propias de las nacionalidades históricas.

Menciona en concreto cinco hechos diferenciales ya incluidos en la Carta Magna, entre ellos la insularidad, las lenguas propias en ciertas comunidades o la existencia político-histórica de determinados territorios como Cataluña, País Vasco y Galicia.

Pero suma además otros nuevos, como el hecho diferencial de Andalucía, por ser la única comunidad que accedió a la autonomía por el artículo 151.1 de la Constitución.

“La igualdad en el modelo autonómico no puede equivaler a uniformidad, porque la autonomía entraña diferencias”, precisa el PSOE, en cuya opinión el Estado autonómico, en su desarrollo federal, no es incompatible con las diferencias en resultados, “porque la autonomía significa diferencia y no homogeneidad”.

Con todo, los socialistas admiten que es “imprescindible” garantizar en todo el territorio la protección de los derechos sociales básicos en condiciones de igualdad, partiendo de la tesis de que la crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de llevar a la Constitución unas “líneas rojas” que impidan rebajas en su contenido.

Junto a ello, los socialistas proponen que la Constitución recoja el modelo de financiación autonómica y clarifique las competencias del Estado y de las comunidades, hasta el punto de poder dar por cerrado el modelo.

Para el partido que lidera Alfredo Pérez Rubalcaba la vuelta atrás del sistema autonómico “no es posible”, porque desde el punto de vista administrativo sería “un desastre organizativo” y, políticamente, “provocaría nuevas y quizás insuperables tensiones territoriales”.

“Sencillamente, ese horizonte es inasumible en la España del siglo XXI”, constata el informe, que hace un diagnóstico de los actuales problemas del modelo autonómico, ante los que propone soluciones federales.

Así, se plantea incorporar a la Constitución el mapa autonómico actual e introducir una nueva y clarificadora distribución de competencias entre Estado y comunidades, definidas con tanta precisión como sea posible, lo que llevaría a suprimir el artículo 150.2 que prevé la transferencia o delegación porque el sistema estaría cerrado.

La supresión del Senado y su conversión en una cámara territorial al estilo del Bundesrat alemán es otra de las propuestas.

Formarían parte de esa cámara los gobiernos autonómicos, a razón de tres por cada comunidad más uno más por cada millón de habitantes y, siguiendo el modelo austríaco, el PSOE sugiere una presidencia rotatoria cada seis meses.

Respecto a la financiación, aboga por la puesta en marcha de un comité técnico permanente de evaluación del sistema, ligado al Consejo de Política Fiscal y Financiera, así como por la aprobación de una ley de transparencia de las previsiones tributarias.

También plantea precisar en la Constitución las competencias normativas y de gestión de las comunidades sobre los impuestos y el modo de repartir su recaudación entre estas y el Estado.