PSOE y C's quieren convertir el Senado en una cámara territorial con un máximo de cien miembros o, si no, cerrarlo

El acuerdo alcanzado por el PSOE y Ciudadanos sobre un programa de gobierno para esta legislatura establece que, en el marco de la reforma de la Constitución, ambos partidos defenderán convertir el Senado en una verdadera cámara territorial con un máximo de cien miembros. Si finalmente no se transforma en este sentido, pedirán cerrarlo.

El documento prevé la creación, en el plazo de un mes, de una subcomisión para modificar la Carta Magna en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso, que a lo largo de seis meses acogerán diversas comparecencias para, posteriormente, presentar un acuerdo sobre el “perímetro” pactado de la reforma.

Al finalizar los trabajos de la subcomisión, según recoge el acuerdo suscrito entre PSOE y Ciudadanos, se nombraría una ponencia constitucional para poder iniciar la redacción de un proyecto a principios del año 2017.

Los cambios a realizar se dividen entre los que se efectuarían de forma “urgente” y aquellos en los que no se marca un plazo concreto, mencionándose tan solo la “voluntad” de promoverlos. Es en este segundo apartado donde figura la reforma del Senado.

La idea de Ciudadanos y el PSOE es que la Cámara Alta se convierta en una “estricta cámara territorial con una composición máxima de 100 miembros” --actualmente son 266-- y “con funciones vinculadas con la articulación y cohesión de la estructura territorial del Estado”.

Entre esas funciones figurarían la determinación del sistema de financiación autonómica, los planes estatales de infraestructuras de transporte o la determinación de niveles comunes en los grandes servicios públicos.

Si, una vez aprobada la reforma de la Carta Magna, no se ha conseguido realizar esa transformación en cámara territorial, los socialistas y C's se comprometen a “abogar por su supresión como cámara de segunda lectura”.

PRINCIPIO DE LEALTAD INSTITUCIONAL

Asimismo, ambos partidos defenderán que se revise el Título VIII de la Constitución para “suprimir los preceptos ya obsoletos; incorporar las denominaciones de las comunidades autónomas y ciudades autónomas; y garantizar la igualdad de trato de todos los españoles, sea cual sea su comunidad de origen o residencia”.

También quieren “determinar con precisión las competencias del Estado y las de las comunidades autónomas y la incidencia en las mismas de los hechos diferenciales reconocidos en la Constitución”, así como “establecer los principios del sistema de financiación autonómica”, que son “autonomía, coordinación, suficiencia y solidaridad, en los términos interpretados por el Tribunal Constitucional”.

Además, abogarán por “establecer los instrumentos de cooperación; definir el alcance del principio de lealtad constitucional; y determinar el papel y la responsabilidad del Estado y de las comunidades autónomas en relación con la pertenencia de España a la Unión Europea”. Igualmente, pretenden incorporar “el 'hecho' Unión Europea al ordenamiento constitucional”.

MODIFICACIÓN DE LA LEY ELECTORAL

También proponen revisar las bases del sistema electoral, con remisión de su concreción a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), una norma que para ser modificada requerirá una mayoría de tres quintos. Para constituir la ponencia que reformaría la LOREG en aquellos aspectos que no precisen cambios en la Constitución fijan un plazo de seis meses.

Entre esas bases, PSOE y Ciudadanos plantean medidas para “incrementar la proporcionalidad, desbloquear las listas, facilitar el voto a las personas con discapacidad y posibilitar formas de voto electrónico”.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y FUSIÓN “VOLUNTARIA” DE MUNICIPIOS

Respecto a la la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), el acuerdo dice que debe corregir “las insuficiencias del sistema” y garantizar los principios de autonomía, coordinación, solidaridad e igualdad.

Con ese fin, plantean que en un mes se cree un grupo de trabajo plural para preparar la modificación de la LOFCA en el plazo de seis meses y así hacer frente a sus previsiones en los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

Además, el documento propone derogar las modificaciones introducidas en la legislación de régimen local por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, así como aprobar una nueva Ley de Financiación Local.

El objetivo de PSOE y Ciudadanos es “asegurar la autonomía local, garantizar un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas de los entes locales y aquellas que no siendo propias, previo convenio, puedan desarrollarse sin comprometer la estabilidad presupuestaria con garantías de control y transparencia de la gestión pública”.

Por último, quieren fomentar, en coordinación con las comunidades autónomas, la racionalización de las entidades locales, “promoviendo la fusión voluntaria de municipios”, para ofrecer “de forma eficaz y eficiente” el mismo nivel de prestaciones de servicios a todos los ciudadanos con independencia de dónde vivan.