PSOE y Cs denuncian irregularidades en el juicio por el desalojo del campamento Gdeim Izik

Ambos partidos han señalado que, a juicio de los observadores internacionales en el juicio, entre ellos miembros del Consejo General de la Abogacía Española, en el proceso no se ha acreditado la autoría material de las muertes de los 11 agentes de seguridad y ha habido obstáculos para el ejercicio de las defensas que, además, han denunciado que se han admitido confesiones obtenidas bajo tortura.

En un comunicado, el portavoz socialista de Exteriores, Nacho Sánchez Amor, ha mostrado su “preocupación por la severidad de las sentencias”. Además, ha recordado que el Comité de la ONU contra la Tortura ya dictaminó, el 15 de noviembre de 2016, que Marruecos había vulnerado la Convención contra la Tortura en relación uno de los acusados, Naâma Asfari.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Fernando Maura ha recordado que las Convenciones de Ginebra de 1949 obligan a Marruecos, como potencia ocupante del Sáhara, a ciertas obligaciones sobre el enjuiciamiento de detenidos, prohibiendo no solo la tortura sino el traslado a Marruecos de personas saharauis, sea cual sea el motivo.

PREGUNTA ESCRITA DE CIUDADANOS

Por eso, ha preguntado al Gobierno, para qué responda por escrito, qué gestiones ha hecho ante Marruecos “para conseguir el cumplimiento de la legalidad internacional en relación con el trato” que se está dando a los procesados en este caso, “encarcelados y condenados en Marruecos y que supone la vulneración de derechos humanos fundamentales”.

Ciudadanos, PSOE y PP rechazaron este miércoles sumarse a una declaración de condena contra este proceso judicial que sí firmaron diputados de los demás partidos de izquierda, todos ellos integrados en el intergrupo para el Sáhara Occidental. El motivo, según explicaron a Europa Press, era que un intergrupo no tiene capacidad reglamentaria para hacer declaraciones --los diputados miembros no pueden vincular a sus respectivos grupos-- y que si querían aprobar una posición política debían hacerlo proponiendo una declaración institucional o una proposición no de ley.

UN JUICIO FINALMENTE CIVIL, NO MILITAR

Los socialistas han valorado positivamente que finalmente el juicio se haya llevado a cabo en un tribunal civil --el Tribunal de Casación anuló el anterior juicio militar-- y que haya podido ser seguido por observadores internacionales.

Eso sí, dicha presencia ha servido para poner de manifiesto que “han existido graves dificultades para que las defensas de los acusados pudieran ejercer su labor; llegándose al punto de producirse el relevo de los abogados iniciales por abogados de oficio, quienes han visto como en ocasiones no ha podido ni entrevistarse con los acusados”, según ha denunciado.