PSOE sospecha que el Gobierno participó en un “montaje” sobre Aznalcóllar para impedir la investidura de Díaz

El PSOE-A ha puesto de manifiesto este martes sus sospechas acerca de que instituciones del Gobierno, como la Delegación del Gobierno de Andalucía, hayan participado en el “montaje” que, a su juicio, ha supuesto el caso de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar para impedir la investidura de Susana Díaz como presidenta del Ejecutivo andaluz. Así, ha anunciado que van a pedir explicaciones y responsabilidades tanto a la Udef como a la Delegación del Gobierno en Andalucía por la filtración del informe dio lugar a este caso.

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha celebrado que la juez de Instrucción número 3 de Sevilla haya archivado la causa abierta sobre la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, ya que esto refleja, como ha agregado, que el proceso fue “limpio, transparente y riguroso” y que permitirá la reapertura de la mina y la creación de unos 1.300 puestos de trabajo y una inversión de más de 300 millones de euros.

No obstante, Jiménez ha explicado que van a pedir explicaciones y responsabilidades a la Udef y a la Delegación del Gobierno en Andalucía, por la filtración del informe de esta unidad sobre el caso de la mina de Aznalcóllar, que llegó a los medios “antes que a las partes” y cuando se estaba negociando la investidura de Susana Díaz.

Ha explicado que el referido informe se conoció durante las negociaciones de los partidos para la investidura de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y que el PP-A usó este caso “como palanca para impedir la investidura”. De esta manera, el socialista entiende que los populares “prepararon toda una estrategia de comunicación, en la que no sabemos quién le ayudó para hacerla posible, para intentar meter miedo e impedir la investidura”.

Por eso, los socialistas se preguntan si en esa estrategia, “participaron instituciones del Estado en la Comunidad autónoma y responsables políticos del PP al máximo nivel”, cuando ha recordado que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, también se pronunció sobre este asunto “para, desde el Consejo de Ministros, intentar torpedear e impedir la investidura”.

“¿Se ha intentado influir desde la Delegación del Gobierno en Andalucía para generar las condiciones que le permitieran al PP-A intentar impedir y sabotear el proceso de investidura que se celebraba en aquella fecha?”, ha planteado Mario Jiménez, quien ha advertido que la filtración del atestado “le vino como anillo al dedo al PP-A”.

De esta manera, ha exigido que, una vez que la juez ha archivado el caso, “es el momento de aclarar el papel que estas instituciones ha podido tener en este montaje”.

CRITICA EL “JUEGO SUCIO” DE LA OPOSICIÓN

Con todo, el portavoz socialista ha criticado que los partidos de la oposición, PP-A, Podemos, IULV-CA y Ciudadanos (C's), han intentado “hacer daño consciente e interesadamente” a la imagen de Andalucía, “cuando creían que a quien hacían daño era al Gobierno andaluz”. El PSOE-A ha acusado a estos partidos de actuar de manera “irresponsable” con este asunto y ha asegurado que esto demuestra que “no quieren ni el progreso, ni la recuperación económica de Andalucía”.

En su opinión, el archivo de la causa demuestra las “malas artes y el ridículo” que han hecho “el PP-A, su presidente, Juanma Moreno, y el resto de la comparsa vergonzosa”, en referencia a los demás partidos.

Concretamente, ha señalado el “ridículo” de que Podemos advirtiese que si hubieran sido funcionarios en vez de altos cargos los encargados de la gestión de esta adjudicación no se habría cometido ninguna irregularidad, “cuando personas como la directora general Minas es una trabajadora pública”. Así como ha afeado la postura mantenida por IU ya que la mayor parte del expediente, según Jiménez, se gestionó con la formación de izquierdas en el Gobierno andaluz.

Además, ha criticado que el “papel estrella en este ridículo” es para el PP-A, que “no ha tenido ningún empacho en usar esta cuestión para hacer daño al Gobierno”, mientras “no sabemos si ha usado otras artes y condicionado o intentado que altas representaciones del Estado en la comunidad autónoma haya usado su cargo institucional par a ponerlo al servicio de las estrategias de ataque del PP-A”.

Con todo, Mario Jiménez ha subrayado que la decisión de la jueza va a permitir reactivar la actividad minera en Aznalcóllar y su comarca, porque esta decisión judicial “pone en evidencia el rigor, el respeto a la ley en los procedimientos que pone en marcha el Gobierno de Andalucía y las estrategias que ponen en marcha el PP-A, Podemos e IU”.

De esta manera, ha explicado que su grupo parlamentario ha registrado una solicitud en el Parlamento por la que pide que el Consejo de Gobierno explique ante el Pleno de la Cámara andaluza el proceso de apertura de la mina.

“Andalucía restituye la imagen internacional que el PP-A, vergonzosamente con el propio Gobierno de España desde Moncloa disparando contra la imagen internacional de Andalucía, ha querido comprometer”, ha apostillado, para recalcar que el Ejecutivo andaluz es “decente y hace las cosas conforme a la ley y buscando el interés general”.

Por todo, Mario Jiménez ha pedido a estos partidos que reflexionen y pidan perdón al Gobierno andaluz y al equipo de funcionarios públicos para “restituir su honor”, y concretamente ha reprochado al líder del PP-A que dijera en el Parlamento que “la Fiscalía está instalada en Andalucía”, puesto que denota, a su juicio, que “haya una estrategia de utilización de las instituciones del Estado y del propio Gobierno de España para ponerlas al servicio de las estrategias políticas del PP-A”.