El PSOE se adelanta al Gobierno y lleva la próxima semana al Congreso una reforma del Tribunal de Cuentas

El PSOE llevará este martes al Pleno del Congreso una propuesta de reforma del Tribunal de Cuentas, un cambio que está prometido dentro del paquete anunciado por el Gobierno para la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción.

Se trata de la segunda 'receta' contra la corrupción que el PSOE plantea al Pleno del Congreso, después de que hace dos semanas pidiera que la Audiencia Nacional asumiera la investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción que afecten a cargos públicos, una propuesta rechazada de plano por el PP y casi toda la oposición.

Los socialistas justifican la necesidad de agilizar la reforma pendiente del Tribunal de Cuentas, cuya ley acaba de cumplir 25 años, en la convicción de que se ha “incumplido sistemáticamente en el seno de alguna formación” la normativa relativa a las donaciones de sociedades y personas jurídicas a los partidos políticos, tanto en materia de las cuantías máximas autorizadas como sobre la procedencia de empresas que presten servicios u obras a la Administración.

PLAZOS A LA MITAD

En su proposición de ley, los socialistas abogan por reducir a la mitad el plazo en que el Tribunal de Cuentas debe remitir su informe de fiscalización de las cuentas de los partidos políticos a las Cortes Generales, limitando así el periodo a tres meses desde la recepción de los planes de contabilidad de las formaciones.

Precisamente a finales de octubre el Tri9bunal de Cuentas ha logrado ponerse al día en sus informes sobre partidos políticos tras aprobar tres ejercicios de golpe (2009, 2010 y 2011). Sólo tiene pendiente el examen de 2012, cuyo plazo de rendición de cuentas acabó el pasado mes de junio.

Además, el PSOE también quiere obligar a que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), así como las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, colaboren con el Tribunal de Cuentas para dilucidar si es o no correcta y completa la información que le facilitan las entidades sujetas a control.

En este sentido, sugiere una modificación de la Ley General Tributaria y de la Ley General de la Seguridad Social con el fin de abrir vías para que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria y por la Administración de la Seguridad Social puedan ser cedidos al Tribunal de Cuentas cuando sean requeridos, y que la transferencia de información no se limite únicamente a la propia fiscalización de ambos organismos públicos.

LA NECESIDAD DE CONTRASTAR DATOS

“El control de legalidad de la actividad económico-financiera de las entidades objeto de fiscalización debe permitir el correspondiente contraste entre la información suministrada por estas últimas y la información de que disponen las entidades, agencias u órganos de las administraciones públicas. De otra forma, el Tribunal carece de la capacidad de dilucidar si es o no correcta y completa la información que le proporcionan las propias entidades sujetas a control”, argumentan los socialistas.

De hecho, cree que la “limitación” de los trabajos de fiscalización de algunas entidades locales y sus sociedades mercantiles no habría sido tal si el Tribunal “hubiera tenido acceso a determinada documentación, como las declaraciones de impuestos como Sociedades o IRPF, o a las declaraciones anuales de operaciones con terceras personas”.