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El PSOE acusa al Gobierno de ir “a por los derechos civiles y políticos” tras recortar los sociales

El PSOE acusa al Gobierno de ir "a por los derechos civiles y políticos" tras recortar los sociales

EUROPA PRESS

MADRID —

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, cree que, aunque se rebaje la cuantía de las sanciones, la futura Ley de Seguridad Ciudadana es un “ataque” a los derechos civiles y políticos por parte de un Gobierno que ya ha recortado los derechos sociales.“

“Ya han recortado los derechos sociales y ahora van a por los civiles y políticos, y eso es lo que nos alarma”, ha acusado Valenciano en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' recogida por Europa Press. La 'número dos' del PSOE considera parte de ese “ataque” a los derechos civiles la futura reforma de la Ley del Aborto y también la “ley de huelga”, en alusión a la ley “de servicios mínimos” que el Gobierno está estudiando.

Por eso, ha confirmado que su partido no descarta recurrir la Ley de Seguridad Ciudadana al Tribunal Constitucional, tal como ya ha avanzado el Grupo Parlamentario Socialista. En todo caso, Valenciano ha asegurado que antes de llegar a ese punto el PSOE intentará “combatir” la ley en el Parlamento. “La están suavizando, pero sólo en términos económicos y el fondo es importante”, ha alertado.

La ley será estudiada previsiblemente mañana por el Consejo de Ministros y, ante la posibilidad de que se rebajen las sanciones previstas en ella, la dirigente socialista ha opinado que era “absurdo” imponer una multa de 600.000 euros por manifestarse ante el Congreso. A su juicio, “es de locos pensar que alguien pueda pagar eso”, pero tampoco los 30.000 euros que es el máximo para una sanción “grave”.

Pero además, la 'número dos' del PSOE ha subrayado que en España “no hay problemas de violencia”, sobre todo si se compara nuestra situación con la de otros países, y que por lo general la gente “se manifiesta con mucha tranquilidad”. Por eso, cree que la futura ley “casi parece una provocación del ministro de Interior” y un signo de que “el Gobierno tiene miedo de que la gente diga lo que piensa”, que es algo a lo que todo el mundo “tiene derecho”.

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