PSOE e IU piden la retirada de la ley de personal de la Policía

El proyecto de ley de personal de la Policía que, entre otras novedades, elevará los requisitos de ingreso y permitirá acceder a este cuerpo a agentes de los Mossos d'Esquadra y de Ertzaintza, inicia mañana su tramitación parlamentaria con las enmiendas a la totalidad del PSOE e IU.

Será el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien defienda en el Congreso de los Diputados esta iniciativa que el grupo parlamentario socialista y la Izquierda Plural han pedido que se devuelva al Ejecutivo.

Desde el PSOE argumentan que el proyecto de ley tiene como única finalidad “imponer” un determinado modelo de Policía, “de fácil uso partidista”, con los derechos de sus miembros “muy controlados” y que pretende, además, responder a una “demanda espuria” de aquellos cargos que han ascendido por designación política.

El PSOE se refiere a la creación de la nueva categoría de comisario general que ostentarían, de aprobarse el proyecto de ley, los funcionarios que llegan a acceder temporalmente a alguno de los puestos de designación política como lo son los subdirectores generales del cuerpo, jefes de división o comisarios generales.

De salir adelante la propuesta, podría darse el caso, denuncian en la enmienda, que en el plazo de una legislatura en el que se destituyen algunos altos cargos -critican los relevos en los últimos años del jefe de Policía Judicial- existieran treinta o cuarenta nuevos comisarios generales a los que habría que asignarles un puesto acorde a su categoría, por encima de la que tiene un comisario principal.

Para el PSOE es “extravagante” que funcionarios de los Mossos d'Esquadra, de Ertzaintza y de otras policías locales puedan ingresar en la Policía si cumplen los requisitos, una posibilidad que el Ministerio del Interior no justifica y que apuntan “obedece a intereses inconfesables”.

Coincide en su enmienda a la totalidad con el PSOE, la presentada por la Izquierda Plural que considera que el proyecto supone un “claro retroceso” de los derechos individuales y colectivos y una “clara regresión en el tiempo”, pues se pretende “militarizar” la Policía.

Así entienden que el cambio de la denominación del cuerpo previsto en el proyecto -pasará oficialmente a llamarse Policía Nacional y no Cuerpo Nacional de Policía- es propia de una época pasada y que el Gobierno ha desaprovechado un oportunidad para reformar el modelo policial.

Tras aprobarse en las Cortes en noviembre la ley de personal de la Guardia Civil, la de la Policía inicia mañana su andadura parlamentaria con la toma en consideración del proyecto en el pleno del Congreso.

El texto, que afectará a los más de 68.000 efectivos de la Policía y que defenderá el titular de Interior, prevé elevar las titulaciones exigidas para el ingreso en la Policía, de forma que para la escala básica será necesario tener el título de bachillerato y para la ejecutiva contar con un grado universitario.

En sus catorce títulos, siete disposiciones adicionales y otras tantas transitorias, una derogatoria y cinco finales se regula asimismo un régimen de incompatibilidades, se legaliza la obligación de concertar un seguro de accidentes para los supuestos de fallecimiento o incapacidad permanente como consecuencia de su actividad.

También se incluye un reconocimiento expreso a las mujeres policía víctimas de violencia machista, quienes tendrán derecho a excedencia y a cambiar de destino sin que exista una vacante.