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El líder de PSOE de Melilla dimitirá si se abre juicio oral por la compra de votos

El líder de PSOE de Melilla dimitirá si se abre juicio oral por la compra de votos

EFE

Melilla —

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El secretario general del PSOE de Melilla, Gregorio Escobar, uno de los 30 señalados por la Fiscalía por su presunta implicación en una trama de fraude electoral por compra de votos a cambio de puestos de trabajo, sólo dimitirá cuando el juez dictamine si procede a la apertura de juicio oral.

Según el auto de calificación, firmado por la fiscal Isabel Martín López, al número uno del PSOE melillense se le piden nueve años de prisión así como diez de inhabilitación absoluta y otros diez de inhabilitación para el desarrollo de cargo público por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y asociación ilícita.

En una rueda de prensa ofrecida en la sede del partido, Escobar ha defendido su inocencia y la del resto de compañeros implicados, dieciséis, en el llamado caso del voto por correo, una instrucción judicial que se remonta a las elecciones de 2008, en las que el PSOE concurrió uniendo sus siglas a la de Coalición por Melilla (CPM), que suma otros trece implicados.

En esos comicios, Gregorio Escobar fue el candidato de la coalición PSOE-CPM al Congreso de los Diputados, mientras que el líder cepemista, Mustafa Aberchan, lo fue al Senado.

Aberchan y el entonces secretario general del PSOE, Dionisio Muñoz, que ocupa junto a Escobar los dos escaños que los socialistas poseen actualmente en la Asamblea melillense, son los señalados por la Fiscalía como cabecillas de la trama, ya que a ambos se les piden 27 años de cárcel.

Escobar ha dicho que lleva año y medio esperando que se produjera la solicitud de penas por parte de la Fiscalía, ya que sólo de esta manera podrá ejercer su derecho de defensa en un caso que, según ha asegurado, se sustenta en la declaración de una persona, un antiguo trabajador del grupo socialista, que ha sido condenado en otra causa por falso testimonio.

El secretario general del PSOE de Melilla ha asegurado que lo que corresponde ahora es presentar el escrito de defensa, a partir del que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 tendrá que determinar si procede o no la apertura de juicio oral, una decisión que no se producirá antes de las elecciones del próximo 24 de mayo.

Escobar, que “discrepa” de la opinión de la fiscal, ha expresado su compromiso de que, “cuando llegue el momento”, es decir si el juez determina que debe sentarse en el banquillo, presentará su dimisión como secretario general, antes incluso de que se lo pidan desde el PSOE nacional.

Ha señalado que, una vez conocida la solicitud de penas por parte de la Fiscalía, el PSOE melillense se puso en contacto con Ferraz, desde donde se le trasmitió la “confianza” en las decisiones que se tomen en Melilla.

El líder socialista melillense ha lamentado que, tras siete años con este caso, se haya tenido conocimiento de la calificación a una semana de las elecciones, pero ha mostrado su confianza en que la situación no va a afectar a la candidatura del PSOE, una candidatura blanca, donde no hay ningún imputado ni ninguna persona inmersa en un procedimiento judicial.

Él mismo dio un paso atrás y no se presentó como candidato a la Presidencia de Melilla, un puesto que ocupa la vicesecretaria general, Gloria Rojas.

Por este motivo, Escobar ha dicho que el PP y su candidato, Juan José Imbroda, que ayer pidió la disolución del PSOE, no son nadie para dar lecciones, ya que en la candidatura popular hay dos personas “en la misma situación” que él: el número dos, Miguel Marín, y la número 10, María Antonia Garbín.

También ha resaltado que en la lista del PP hay otros dos imputados, el actual consejero de Economía, Daniel Conesa, y el consejero de Educación, Antonio Miranda, sin olvidar al propio Imbroda, quien la Fiscalía del Supremo ha recurrido el auto de sobreseimiento de un procedimiento abierto contra él por un delito de prevaricación en la contratación de un abogado.

Para Escobar, tan válida es la opinión de la fiscal de Melilla, como la del Tribunal Supremo, que considera que Imbroda “ha delinquido”.

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