El PSOE, abierto a estudiar soluciones a Siria que no pasen por enviar tropas

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha afirmado hoy que su partido está abierto a estudiar posibles soluciones para combatir al autodenominado Estado Islámico (EI) en Siria siempre que se las avalen la legalidad internacional y las Cortes y que no pase por el envío de tropas sobre el terreno.

Hernando ha expuesto esta postura en declaraciones a los medios en la Plaza de Isabel II de Madrid antes de participar en un reparto de información electoral a los ciudadanos.

“No somos partidarios del envío de tropas a Siria y, respecto al resto, hay que analizar cada situación, siempre bajo el paraguas de la legalidad internacional y de la autorización de las Cortes”, ha explicado.

A su entender, entre las opciones que hay, está “la solución política, la diplomática y en materia de servicios de inteligencia”, además de “asfixiar” al terrorismo de EI y sus fuentes de financiación.

“Las soluciones son múltiples”, ha añadido el dirigente socialista.

Hernando ha subrayado que el PSOE “está dando muestra de absoluta responsabilidad y rigor a la hora de afrontar un problema de tal magnitud como es el combate contra el terrorismo”, en virtud del pacto contra el yihadismo firmado el pasado mes de febrero con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Tanto en la lucha antiterrorista como en el asunto de Cataluña, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, “se ha comportado como un auténtico presidente del Gobierno” y ha dado pruebas de que “puede ser, porque ya lo está demostrando, un magnífico presidente del Gobierno” a partir del 20 de diciembre, según Hernando.

El portavoz socialista ha comentado que España está a la espera de ver qué tipo de ayuda solicita Francia y que, mientras tanto, su partido va a trabajar con el Gobierno para ver cuáles son las posibilidades.

Tras recordar el “auténtico fracaso” que supuso la guerra de Irak en 2003, ha hecho hincapié en que hay que ser “coherentes” y atenerse a lo que dicta la Ley de Seguridad Nacional aprobada dos años después, que obliga a que sean las Cortes Generales las que autoricen cualquier intervención militar.