El PSOE propone condenas de cuatro años de prisión para los dirigentes de un partido que falsee sus cuentas

El PSOE ha incluido en sus enmiendas al Código Penal la posibilidad de que un dirigente de un partido políticos pueda ser condenado con penas de hasta cuatro años de prisión por falsear las cuentas de la organización.

En esas enmiendas, recogidas por Europa Press, el PSOE propone que los representantes legales y administradores de las formaciones políticas que acepten donaciones ilegales puedan ser castigados con penas de prisión de dos a seis años y multa del tanto a séxtuplo de la cantidad recibida, e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio y derecho de sufragio pasivo de cuatro a 10 años.

Esas penas, añaden, se incrementarán en dos o cuatro años de prisión si los responsables de esos partidos políticos llevaran a cabo conductas relativas a “falsear sus cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar su situación económica-financiera-patrimonial, para negar, impedir u obstruir el control externo de la misma”.

Además de penalizar las conductas de los autores de los delitos, también se castigará a los que “sin haber participado en el mismo como autor o cómplice, intervinieren con posterioridad en el mismo, ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o instrumentos del delito para impedir su descubrimiento o ayudando a los responsables del mismo a eludir la investigación de la autoridad o sus agentes”.

Y TAMBIÉN A QUIENES HAGAN DONACIONES ILEGALES

Igualmente, se propone que se penalice a quienes hagan donaciones ilegales a los partidos políticos, así como la imposibilidad de que puedan hacer contratos con las administraciones públicas. De esta forma, “los que, por sí mismos o como administradores de hecho o de derecho de una sociedad, realicen donación a partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores contraviniendo” la Ley Electoral o la de Financiación de Partidos “serán castigados con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de tanto a séxtuplo de la cantidad donada, e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio y la imposibilidad de contratar con las administraciones públicas de dos a cuatro años”.

También plantea la supresión de la posibilidad que permite a diputados, senadores y otros altos cargos declarar en su despacho cuando un juez les cite como testigo al que los socialistas consideran “un trato injustificado”. Esta medida había sido aceptada en el parlamento por el exministro Alberto Ruiz Gallardón, pero aún no había llegado a plasmarse en una norma en vigor.

En concreto, el PSOE dice que quiere “acabar con el trato injustificado que eximía a diputados, senadores y a determinados altos cargos, de declarar como testigos en sede judicial pudiendo hacerlo en su despacho o en la sede del órga no del que forma parte”.

Además, y como había anunciado Pedro Sánchez, el PSOE aboga por bajar de 120.000 a 50.000 euros el límite a partir del cual se puede considerar que hay delito fiscal. Se confirman igualmente las enmiendas encaminadas a rechazar la prisión permanente revisable que introduce la reforma del PP.

Por otro lado, también establece la sanción penal para el proxenetismo en todos los supuestos, al no considerar aceptable que haya supuestos en los que el proxeneta resulte despenalizado. Igualmente, introduce una enmienda a través de la cual se impide la sustitución de las penas por violencia de género.

Por último, quiere reintroducir el Libro III, relativo a las faltas, porque no considera razonable que determinadas conductas, aunque merecedoras del reproche social, deban ir a la Ley de Seguridad Ciudadana o convertirse en delito, con el incremento de las penas que ello conlleva.

CASTIGAR LA RAÍZ DE LA CORRUPCIÓN

La portavoz de Justicia del Grupo Socialista, Rosa Aguilar, ha resumido que las 183 enmiendas del PSOE a la reforma del Código Penal, abogan por “prevenir, combatir y castigar con contundencia la raíz de la corrupción”.

“Se trata de medidas concretas para aclarar los tipos delictivos, incrementar las penas, ampliar los plazos de prescripción y extender la inhabilitación para ocupar cargos y responsabilidades públicas para quienes sean condenados por estos delitos, que la Audiencia Nacional se haga cargo de la investigación y enjuiciamiento de estos delitos y asegurar que el corrupto la pague con la cárcel y lo pague devolviendo con su patrimonio, el dinero del que se han apropiado”, ha explicado Aguilar.