El PSOE prevé que habrá acciones jurídicas contra la Ley de Evaluación Ambiental

El portavoz de Medio Ambiente del PSOE en el Senado, Miguel Fidalgo, ha considerado hoy que es “evidente” que habrá acciones jurídicas contra la Ley de Evaluación Ambiental, y ha afirmado que con esta norma el ministro Cañete manda “una señal de que se va, y parece que quiere hacer una despedida de soltero”.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Senado tras el debate de esta ley en comisión, el senador socialista por Orense se ha mostrado convencido de que aquellos grupos que se sientan perseguidos por la ley emprenderán acciones jurídicas, porque además “hay materia”, “y quien va a intervenir en serio es Europa”.

Según Fidalgo, parece que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente quiere hacer “una despedida de soltero” del Gobierno “para dar una nueva alegría a los grupos e intereses especulativos de España”, rebajando condiciones de protección ambiental “para favorecer determinados intereses económicos”.

“Creo que todas las señales que hay es de que se va”, porque las cuestiones que plantea en esta norma son cuestiones para la galería, y no va resolver ningún problema“.

Así lo ha juzgado el senador, quien ha criticado la forma de tramitar la ley aceleradamente, justo en un momento en que la UE está preparando una directiva sobre el tema, que, en su opinión, obligará a introducir cambios dentro de unos meses.

Fidalgo se ha preguntado si es que para entonces “Cañete ya no estará aquí” y “nos da la sensación -ha añadido- de que se quiere ir pagando los favores a los que se ha comprometido a determinadas cuestiones, y por ejemplo, ”legaliza“ el fracking o fractura hidráulica.

El senador, que también ha afirmado que todos saben que una parte de la actividad del ministro “tiene que ver con negocios de bunkering en el Mediterráneo”, ha calificado de “incongruencia” que Cañete venga a impulsar medidas para regularizar esta práctica que consiste en el suministro de combustible de barco a barco en alta mar.

Finalmente, ha calificado la Ley de Evaluación Ambiental de “atropello jurídico”, porque crea inseguridad jurídica y “esta se acrecienta en la medida que avanza la tramitación”, introduciendo “materias ajenas! al objeto de la norma como es el memorándum del trasvase Tajo-Segura.

En su opinión, el texto entra además a recortar competencias y “deconstruye” el medio ambiente.