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PSOE mantiene el voto en contra de la Ley de Transparencia en el Senado aunque dice que aún hay tiempo para el acuerdo

El PSOE ha mantenido su voto en contra de la Ley de Transparencia en la Comisión Constitucional del Senado y a pesar de que el PP ha admitido cuatro de sus enmiendas, al considerar que varios capítulos importantes de la norma se quedan aún cortos. Sin embargo, ha agradecido la negociación con los 'populares' y con el propio Gobierno y ha asegurado que aún queda tiempo para el acuerdo hasta el Pleno de la Cámara de la semana que viene, que aprobará definitivamente el texto.

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PSOE mantiene el voto en contra de la Ley de Transparencia en el Senado aunque dice que aún hay tiempo para el acuerdo

Los grupos parlamentarios han debatido el proyecto en ponencia esta mañana y lo han votado por la tarde en la Comisión. Lo han hecho a favor el PP, CiU y PNV y en contra, PSOE, Entesa pel Progrés de Catalunya y el Grupo Mixto. Además, se han rechazado los cuatro vetos a la ley, de ICV, IU, ERC y Amaiur.

El PP ha aceptado hoy cuatro enmiendas del PSOE, tres de la Entesa y una, parcialmente, de CiU, además de aprobar las suyas propias. Los socialistas han introducido así en la ley la posibilidad de que los ciudadanos puedan utilizar las lenguas cooficiales al dirigirse a las administraciones (no será obligatorio sin embargo en la respuesta de las instituciones) y, junto a la Entesa, han logrado que el Consejo de la Transparencia remita su informe anual también al Senado, no sólo al Congreso, y que pueda promover borradores con recomendaciones y directrices en esta materia.

En cuanto a la enmienda de CiU, el PP acepta que las exigencias de dar publicidad activa a la información sea aplicable también a las entidades privadas que reciban dinero público, al menos, 5.000 euros anuales.

La Ley de Transparencia ha recibido en el Senado 269 enmiendas: 32 del PP, 34 del PSOE, 95 de Entesa, 38 de CiU, 8 del PNV y 62 del Grupo Mixto. Además, se han presentado cuatro vetos a la ley, pidiendo su devolución al Gobierno: de ICV, IU, Amaiur y ERC.

AÚN INSUFICIENTE

Los dos portavoces socialistas han reconocido la trascendencia de esta ley. Francesc Antich ha asegurado que esta ley es "un instrumento extraordinario para mejorar el funcionamiento de las instituciones y la política" y su compañero Tontxu Rodríguez ha hecho hincapié en que será una de las más importantes "del ordenamiento jurídico español", según ha llegado a decir.

Antich ha recordado que su grupo ha presentado un centenar de enmiendas entre el Congreso y el Senado y ha reconocido el esfuerzo de diálogo de los grupos y de Presidencia del Gobierno. "Pero no es suficiente. Nuestra idea es que la ley se reforzara en una serie de aspectos", ha añadido, anunciando el voto en contra si en esas materias no hay avances. En declaraciones posteriores a los periodistas ha asegurado que la negociación continuará y que cabe aún que su grupo cambie de posición, aunque el PP debería aceptar cuestiones sustanciales para el PSOE.

Entre ellas, ha exigido más publicidad activa sobre la información relativa a los altos cargos, los contratos, la participación pública en sociedades mercantiles, las bonificaciones fiscales en el Impuesto de Sociedades, las campañas de publicidad institucional o las enajenaciones, entre otros muchos asuntos.

El PSOE también exige cambios en el Consejo de Transparencia, el órgano encargado en el futuro de velar por el cumplimiento de la ley. Quiere que la elección de su presidente sea por mayoría cualificada y que este órgano sea más independiente de las instituciones públicas y cuente con una composición más plural.

Antich ha exigido además que se regulen los 'lobbys' y que al legislar sobre el bueno gobierno se exija también la evaluación de las políticas públicas o que se cumplan determinadas normas de gobernanza, entre otros mínimos imprescindibles.

Tontxu Rodríguez ha dicho que además de aceptar una serie de enmiendas, el Gobierno debería demostrar que cree en la transparencia aplicándose ya algunos criterios, como la comparecencia de los ministros en las comisiones del Senado o "cambiando la forma de responder a los senadores por escrito".

Por el PP, su portavoz en esta comisión Rosa Vindel ha explicado que la norma no la que quieren muchos grupos, pero tampoco la del Gobierno, recordando las casi 3.000 sugerencias ciudadanas y de expertos presentadas y las 90 enmiendas aprobadas en el Congreso. "El texto viene muy enriquecido. Estamos legislando sobre lo que no existe, de nuevo, es muy gratificante porque se trata de empezar a poner los cimientos", ha añadido.

Su compañera de filas María Elena Nevado ha rechazado el resto de enmiendas de los grupos porque es necesario que la norma empiece a funcionar "cuanto antes la ley" y produzca el "cambio de mentalidad" necesario.

ENTESA: MÁS PUBLICIDAD ACTIVA

El portavoz de la Entesa, Carles Martí, ha abundado en que de todos los proyectos de ley de esta legislatura, el de la transparencia es el único cuya existencia es imprescindible. "Es mejor esta ley a que no la haya", ha resumido el senador, quien ha puesto el acento en la importancia de estas normas para la lucha contra la corrupción.

Dicho esto, ha denunciado sin embargo que el texto se queda corto especialmente en dos asuntos "determinantes" y ha pedido un esfuerzo en lo que queda de tramitación en el Senado. Por un lado, sobre el alcance de la ley: toda la información de las administraciones debería ser publicitada de forma activa y, partiendo de este principio, cabría poner alguna restricción. "No entendemos que sean los ciudadanos los que tengan que pedirla. El alcance de la ley se queda corto para estar a la altura de nuestra democracia", ha dicho.

Además, Carles Martí ha exigido cambios en el Consejo de la Transparencia, cuyas funciones son escasas y que sigue siendo dependiente del Gobierno, ha criticado.

APOYOS DE CIU Y PNV

Por parte de CiU, María Rieradevall también ha dejado claro que "más vale tener esta ley que no tenerla" y ha defendido a continuación buena parte de las 38 enmiendas de su grupo. Por ejemplo, la exigencia de que dos veces al año se publiquen las balanzas fiscales y, anualmente, la diferencia entre la inversión presupuestada por el Estado en cada comunidad autónoma y la efectivamente realizada. La coalición también quiere que se regule el trabajo de los grupos de interés o 'lobby'.

El portavoz del PNV, Jokin Bildarratz, ha asegurado que el proyecto de ley "todavía se puede mejorar" pero que su grupo lo apoya de entrada por su trascendencia. Las mejoras, ha dicho, deberán ir por dos caminos: eliminando excepcionalidades en la obligación de ser transparente y mejorando la participación en el Consejo. "Pedimos al grupo mayoritario que atienda a los grupos, todos hemos pretendido lo mismo: mejorar. Es bueno ser receptivo", le ha dicho al PP.

Su grupo ha presentado ocho enmiendas a la norma, entre otras cosas, para que las mutuas de trabajo no se incluyan entre las organizaciones obligadas por esta ley y para que se quite la limitación a acceder a determinada información que pueda perjudicar a la política económica y monetaria.

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