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El PSOE pide votar hoy el fin de las negociaciones bipartidistas de vacantes constitucionales

Apuesta por reducir los aforados, imponer la dedicación exclusiva a los parlamentarios y regular los 'lobbies'

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El PSOE pide votar hoy el fin de las negociaciones bipartidistas de vacantes constitucionales

El PSOE planteará este jueves al Pleno del Congreso el fin de las negociaciones que hasta ahora llevaban a cabo los dos partidos mayoritarios para renovar los órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial o el Tribunal de Cuentas.

En una de sus propuestas de resolución al Debate sobre el estado de la Nación, recogidas por Europa Press, el PSOE recopila las ideas de regeneración democrática que ha ido esbozando la nueva dirección del partido en los últimos meses.

La Ejecutiva de Pedro Sánchez ya había hablado de cambiar el sistema de elección de los puestos de los órganos constitucionales, pero ahora detalla cómo se haría y a qué instituciones afectaría.

En concreto, su propuesta se refiere a la elección de miembros del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y sus adjuntos, la Corporación de RTVE, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

CONVOCATORIA PÚBLICA DE VACANTES

Según detalla, cuando haya que renovar una de esas instituciones, se hará una "convocatoria pública" de las vacantes a cubrir, con lo que ya no optarán sólo los que se acuerden en una negociación reservada los dos partidos mayoritarios.

Los candidatos serán después sometidos a evaluación por un Comité asesor de composición profesional que no será elegido por los partidos, sino que será designado por sorteo (insaculación) para cada ocasión. Y sus informes serán públicos. La tercera fase será el examen de los candidatos en las correspondientes comisiones del Congreso y, en su caso, del Senado.

Eso sí, el PSOE no menciona nada de la votación de los candidatos por las Cortes, en aquellos órganos donde este refrendo mayoritario viene exigido por la ley correspondiente o incluso por la Constitución. Hasta ahora ese umbral mínimo de votos es el argumento que se usa para justificar el acuerdo entre los dos grupos mayoritarios.

El nuevo sistema planteado por el PSOE contrasta con lo que ha venido haciéndose en las últimas décadas. Las actuales formaciones del CGPJ y del Tribunal de Cuentas, o incluso la Defensora del Pueblo y sus adjuntos, fueron pactadas por los dos partidos mayoritarios, dando entrada o no, en función de las plazas, a alguna formación nacionalista o a IU.

MÁXIMO OCHO AÑOS EN MONCLOA

En otros puntos de su propuesta de resolución, el PSOE también plantea limitar a dos mandatos consecutivos el desempeño de la Presidencia del Gobierno, la limitación y reducción de los aforamientos, la dedicación exclusiva de los parlamentarios y la regulación de los 'lobbies'.

El PSOE también ha plasmado en sus resoluciones otras propuestas anticorrupción como la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito o injusto que castigue el incremento patrimonial injustificado de autoridades o funcionarios públicos, o la rebaja a 50.000 euros del umbral de dinero defraudado que rige para la comisión de un delito fiscal, el endurecimiento de determinadas penas o la prohibición de indultar delitos vinculados con la corrupción.

Asimismo, demanda ampliar las obligaciones de publicidad activa de la administración de manera que se den a conocer los acuerdos relativos al suelo y la ordenación urbana y la "adopción inmediata y sin más demora" de la reforma del Reglamento del Congreso en la que los grupos empezaron a trabajar hace más de un año y de la que aún no ha surgido ningún acuerdo.

Por último, en materia de Justicia, el PSOE reclama al Gobierno, entre otras cosas, que renuncie a la inclusión de la prisión permanente revisable en la reforma del Código Penal en trámite en el Senado, que restablezca la Justicia universal y que renuncie a la privatización de los registros públicos, en especial del Registro Civil.

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