El PSOE plantea elevar a cinco años el periodo de incompatibilidad de los altos cargos tras su cese

Ésta es una de las enmiendas que los socialistas han presentado a los dos proyectos de ley anticorrupción que este mismo jueves el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido ante el Pleno del Congreso.

Entre las propuestas de mejora a la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, destaca la que establece como requisito para ser nombrado alto cargo o cesados en caso de ya ocuparlo al estar condenados o hallarse incursos en juicio oral a título de procesados o imputados por delitos relaciones con la corrupción.

CERTIFICACIONES TRIBUTARIAS

Asimismo, los socialistas quieren exigir a los altos cargos y parlamentarios la presentación de certificaciones tributarias que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones con la Hacienda Pública y las variaciones patrimoniales que se hayan producido al inicio y al final de su mandato, así como incrementar el grado de detalle de su posterior publicación.

De la misma manera, el PSOE insiste en que la Oficina de Conflicto de Intereses dependa de la Presidencia del Gobierno, y no del Ministerio de Hacienda, que se dote a este órgano de facultades de inspección y comprobación de las declaraciones de los altos cargos de la Administración tienen que realizar ante el mismo y que el informe que realice semestralmente se remita al Congreso.

Entre las sugerencias del PSOE también destaca una que exige al Gobierno remitir anualmente a las Cortes Generales un informe detallado de cada uno de los ministerios en materia de gastos de representación de todos los altos cargos de la Administración General del Estado.

Asimismo, el partido que lidera Pedro Sánchez urge a crear la Oficina Anticorrupción en la Administración, adscrita a Moncloa, que se encargue de la investigación interna y con capacidad para instar el inicio de procedimientos administrativos e incluso judiciales y pide limitar y reducir el ámbito de aplicación del aforamiento.

LIMITAR LA CONCESIÓN DEL INDULTO

Además, plantea prohibir la concesión del indulto en relación con delitos cometidos por autoridades o cargos públicos en el ejercicio de sus funciones con la finalidad de obtener beneficios económicos para él o para un tercero, regular el régimen jurídico de los 'lobbies' tanto en el ámbito parlamentario como en el de las administraciones públicas, ampliar el ámbito de aplicación de la llamada Ley de Transparencia.

Por último, los socialistas abogan por limitar a dos legislaturas los mandatos de los presidentes del Gobierno y por regular el sistema de designación de los miembros de los órganos constitucionales en cuyo nombramiento intervienen las Cortes Generales para garantizar la independencia, la competencia y la experiencia profesional de las personas designadas mediante la constitución de comités asesores ajenos al Parlamento que evaluarán la idoneidad de los candidatos.

A la ley orgánica de la actividad económica y financiera de los partidos, el otro de los proyectos del Gobierno, los socialistas han presentado enmiendas para que mantener la referencia a las aportaciones de los simpatizantes como recursos procedentes de la financiación privada, para prohibir que los partidos puedan recibir donaciones de personas físicas que a la vez sean administradores, altos directivos o partícipes con poder de control de empresas con contratos con la administración pública y para limitar el importe de las donaciones a fundaciones y entidades vinculadas a partidos a 100.000 euros anuales.

Además, el PSOE quiere rebajar el importe máximo anual de las donaciones a los partidos de una misma persona física, reducir el importe de las que deben ser objeto de notificación al Tribunal de Cuentas y aclarar que las aportaciones que infrinjan los requisitos de la Ley de Financiación de Partidos no puedan gozar de exención del Impuesto de Sociedades por los ingresos obtenidos ilegalmente.

CREAR LA FIGURA DEL DEFENSOR DEL MILITANTE

Asimismo, plantea la elección directa por los afiliados de los líderes, la obligación de que sus asambleas se reúnan como mínimo una vez cada cuatro años y la conveniencia de establecer un sistema formal de tramitaciones de quejas, reclamaciones y recursos frente a las decisiones de los órganos de dirección de partido, así como de crear la figura del Defensor del Militante.

Del mismo modo, los socialistas buscan que los partidos puedan suspender de militancia a los afiliados afectados por actuaciones judiciales o indicios de participación en delitos de corrupción y a expulsarle cuando ésta se compruebe.

Y también establece la obligación de que la Agencia Tributaria, las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social, así como la Oficina de Conflictos de Intereses, colaboren con el Tribunal de Cuentas, así como la necesidad de regular la dedicación exclusiva de los diputados.

Entre otras medidas, el PSOE quiere dotar de mayores recursos a los órganos judiciales y a la Fiscalía para combatir la corrupción, atribuir a la Audiencia Nacional los delitos relacionados con estas prácticas y acabar con el trato “injustificado” que exime a diputados y senadores, así como altos cargos, de declarar como testigos en sede judicial, y modificar la regulación de la contratación pública.