El PSOE presenta una proposición que rescata el recurso previo de inconstitucionalidad

El grupo parlamentario socialista en el Congreso ha presentado una proposición de ley orgánica para modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) e introducir el recurso previo en los casos de modificación de Estatutos.

Así lo ha anunciado el primer secretario del PSC, Pere Navarro, en una rueda de prensa en la que ha recordado que esta iniciativa forma parte del documento de nueve puntos que acordaron las cúpulas de socialistas catalanes y españoles tras la reunión en Barcelona a inicios de enero con el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

“Los socialistas estamos proponiendo una reforma del modelo territorial, lo que comportará una nueva reforma de los estatutos de autonomía. Queremos evitar que vuelva a pasar lo del Estatut, cuando ante un recurso de inconstitucionalidad del PP, un Estatuto aprobado en referéndum por el pueblo catalán fue recortado por un TC que no estaba en las mejores condiciones de legitimidad”, ha rememorado.

El documento, al que ha tenido acceso Efe, fue entregado el viernes 24 de enero a la Mesa del Congreso de los Diputados, y en él se explicita que “el reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones ha permitido diseñar un Estado fuertemente descentralizado”.

“No obstante -matiza-, las demandas de la ciudadanía muestran una insatisfacción con el modelo territorial y la necesidad de introducir mejoras en el mismo, por lo que es necesario abordar una serie de reformas llamadas a perfeccionar la actual articulación”.

Por ello, la proposición de ley “pretende dar respuesta a una de estas cuestiones”, concretamente a que “una eventual declaración de inconstitucionalidad de un estatuto, una vez en vigor y desplegando todos sus efectos, puede producir graves consecuencias, tanto jurídicas, como políticas y sociales”.

El documento señala que “se hace necesario garantizar el, no siempre fácil, equilibrio entre la esencial legitimidad de los Estatutos (...) y el respeto al marco constitucional, y evitar el choque de legitimidades que implica que el texto aprobado, incluso ratificado por los ciudadanos, sea declarado inconstitucional año más tarde, con el perjuicio que puede producir”.

Con el recurso previo, afirman los socialistas, “se evita el principal reproche que mereció en el pasado esta institución política y que justificó su supresión en 1985: su utilización por los grupos minoritarios para paralizar la entrada en vigor de reformas legales válidamente aprobadas por las Cortes, y su configuración como factor distorsionador del sistema de relaciones entre los poderes constitucionales del Estado”.

La proposición de ley establece así “un plazo de seis meses para la resolución del TC, que impida dilaciones indeseables en su resolución”.