El PSOE propondrá un bloque de medidas contra la “nefasta” política del Gobierno en Justicia y contra la corrupción

El portavoz socialista en Justicia en el Senado, Arcadio Díaz Tejera, defenderá la próxima semana una moción en el Pleno de la Cámara Alta en la que planteará una enmienda a la totalidad a la “nefasta política” del exministro Alberto Ruiz-Gallardón en materia de justicia y propondrá a su sucesor un bloque de iniciativas para corregir los efectos de su gestión y combatir más eficazmente la corrupción.

El senador por Gran Canaria exigirá derogar la polémica Ley de Tasas, rectificar la reforma de la ley de justicia universal, defender la ley de plazos del aborto de 2010 y retirar la reforma del Código Penal así como el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita que se encuentra en tramitación parlamentaria.

Además, reclamará que se paralice la Ley de modificación del Poder Judicial, que se convoquen nuevas plazas judiciales hasta alcanzar la media europea como “garantía del ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva y de lucha contra la corrupción”, además de dotar a través de los presupuestos a los juzgados con medios humanos y materiales suficientes.

Díaz Tejera denuncia la “manipulación engañosa” del Gobierno de decir que va a crear 300 plazas de jueces cuando eso es “profundamente falso” y lo cierto es que estos magistrados ya están trabajando, lo único que no tienen un destino fijo asignado. Dicho esto, ha instado al actual ministro, Rafael Catalá, a aclarar públicamente qué leyes retirará o si solo se dedicará a suprimir los “aspectos más duros y escandalosos” de las reformas de Gallardón.

En este sentido, ha emplazado a Catalá a dejar a un lado la “ambigüedad” y dejar de “jugar a la distracción y a las palabras vacías” porque la Justicia y el Estado de Derecho no pueden seguir estando en el aire. Según ha dicho, el nuevo ministro se ha encontrado con que su antecesor dejó un “paisaje judicial arrasado tras tres años de gestión, con profesionales desmotivados, con una ciudadanía con menos derechos y con un sistema judicial profundamente deteriorado”.

“Se trata de evaluar la presente situación de la justicia en España y la conclusión que podemos sacar es muy negativa”, ha valorado Díaz Tejera, sobre la “criminalización” de ciudadanos en el nuevo Código Penal o la idea del Gobierno de “quitar el derecho a decidir a las mujeres”, que gracias a la presión social se consiguió frenar.

UNA JUSTICIA CON MÁS CONTROL POLÍTICO

A su juicio, la dimisión de Gallardón fue un “alivio” para la Justicia ya que prometió modernizar esta Administración pero lo que realmente desarrolló fue un “acentuado proceso contrarreformista de claros tintes ideológicos predemocráticos que provocó la ralentización de la justicia en una sociedad lastrada por la crisis económica y los casos de corrupción”.

Arcadio Díaz Tejera ha destacado que su gestión ha estado marcada por el sistemático recorte de elementos esenciales del servicio público de la justicia en nuestro país ejecutando severas reducciones presupuestarias a una administración de justicia que ya contaba con ajustados recursos. En este punto, ha hecho hincapié en la paralización de la creación de nuevas unidades judiciales, en la falta de cobertura de vacantes, la supresión de más de 1.200 plazas de jueces sustitutos o la incapacidad por organizar la nueva oficina judicial y en el hecho de que Gallardón recortó más de 200 millones de euros a la justicia y no creó ni un solo juzgado nuevo en tres años.

Díaz Tejera ha lamentado que España se encuentra a la cola europea en el número de jueces por habitante y que, además, la mitad de nuestros juzgados se encuentran colapsados. En este sentido, ha detallado que España sólo destina un 0,9% de sus presupuestos al sistema judicial, frente a la media de los países europeos, que invierten un 2,2%, al tiempo que ha criticado la “agresiva” implantación de las tasas judiciales.

Según ha dicho, Gallardón diseñó en su “afán intervencionista” un Consejo General del Poder Judicial controlado por el Gobierno, vulnerando el papel de este organismo constitucional como garante de la independencia judicial y de la división de los poderes en un Estado de Derecho.

“Una gestión censurable que se ha completado con el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que pretende una judicatura jerarquizada, mermada en su independencia y con alarmantes posibilidades de control político. De esta forma, se continuaría la senda de la frustrada Ley de Demarcación y Planta Judicial, que con la desaparición de los partidos judiciales que proponía y el consiguiente alejamiento y encarecimiento de la justicia que suponía para los ciudadanos, suscitó el rechazo no solo de toda la oposición parlamentaria sino también de numerosos representantes autonómicos y municipales del PP”, ha concluido.