PSPV, Compromís, Podemos y C's creen que la financiación se resuelve con voluntad política y no con informes de expertos

Los grupos de PSPV, Compromís, Podemos y C's han coincido este miércoles en que “el problema valenciano” de financiación no se resolverá con el informe que consensue la comisión de expertos, y que deberá presentar antes del 10 de agosto, sino que se trata de “una cuestión de voluntad política”. Por ello, han instado a la sociedad civil valenciana a sumarse a esta exigencia ya que temen que el informe no pueda reflejarse en los presupuestos de 2018.

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha presidido este miércoles la reunión de la Comisión Mixta Consell-Corts para la reforma del sistema de financiación, a la que ha asistido también el experto designado por la Comunitat, el profesor Francisco Pérez. Se trata de la primera reunión tras su constitución ya que esta comisión debe convocarse antes de un Consejo de Política Fiscal o de forma ordinaria cada tres meses.

Al respecto, el conseller ha recalcado que la Comunitat Valenciana necesita que “el consenso” se mantenga y que estas reuniones pretenden garantizar que se mantenga “gracias al diálogo”. Además, ha señalado que el Consell hablará con todas las comunidades para “conseguir un criterio común sobre el Estado de bienestar” y “un frente lo más abierto posible para ir todos de la mano” en su defensa.

Soler ha confiado en que la reforma financiera pueda incluirse en los próximos presupuestos pero mientras tanto ha exigido unos fondos transitorios este año para dar “un respiro” a las comunidades que están peor que permitan controlar la desviación del déficit.

Por su parte, el profesor Francisco Pérez ha destacado que los trabajos de la comisión avanzan a un ritmo “razonable” aunque los puntos de vistas “no son siempre coincidentes”. No obstante, ha aclarado que el papel de la comisión es hacer análisis pero “qué hacer con ellos es una decisión política”.

Por su parte, el portavoz del PP, Rubén Ibáñez, ha destacado que la postura que defiende el profesor Pérez es la que “se aprobó en las Corts en 2013 sin el apoyo del PSPV y Compromís”. Asimismo, ha mostrado su temor de que acusar a los acuerdos de la comisión de “falta de legitimidad” porque Cataluña no ha querido participar en estas reuniones pese a ser “una de las comunidades que mayores recursos se lleva”.

Ibáñez ha señalado que el informe de expertos “sí que podría incluir en el 2018” aunque dependerá de cómo vaya la andadura política. Respecto a las cuentas de este año ha destacado que son “buenos” en financiación porque se inyectan 5.000 millones que permiten que el Gobierno valenciano “se encuentre con 400 millones más que no esperaban”.

Sin embargo, ha señalado que “al haberse aprobado una reducción del techo de gasto de 5.000 millones, con la abstención del PSOE, lógicamente se algún sitio se ajustar que en este caso ha sido de inversiones para potenciar las políticas de las personas”. “Es cierto que falta inversiones pero no es menos cierto que se ponen en valor las políticas de las personas”, ha apostillado.

Por contra, el síndic de Podemos, Antonio Montiel, ha mostrado su preocupación porque porque los trabajos de la comisión de expertos “no tienen ninguna conexión” para los presupuestos generales del Estado de 2017 y dado el calendario aprobado también duda de que el informe sea incluido en las cuentas de 2018.

Además, ha lamentado que ni siquiera se han plantados temas “muy importantes” para la Comunitat Valenciana como el endeudamiento histórico. En cualquier caso, ha recalcado que aunque los expertos lleguen a un consenso la reforma del sistema es “una cuestión de voluntad política” que “hoy por hoy no se percibe en el Gobierno de Rajoy”.

“HAY QUE CREAR EL PROBLEMA VALENCIANO”

Por ello, ha apostado por no confiar exclusivamente en el trabajo de los expertos ni en las reuniones bilaterales entre Generalitat y otros gobiernos autonómicos sino en “reforzar la complicidad con la sociedad civil para crear el problema valenciano”.

En esta línea, David de Miguel, de C's, ha apuntado que el Consell se ha reunido con Murcia, Andalucía y Baleares, que son las que sufren una mayor infrafinanciación, cuando en su opinión lo que hace falta es “pedagogía” para explicar a las regiones mejor financiadas “el problema que tenemos los valencianos”.

“No hay que empezar por lo fácil y hacer un frente común con los que están como yo sino unir a esta lucha a las que están sobrefinanciadas para que sean conscientes de que el principio de solidaridad interterritorial ahora no se cumple”, ha defendido.

De este modo, ha exigido “dar visibilidad” a “una situación injusta” y ha coincidido en que más allá de los trabajos científicos de los expertos es un problema político y por tanto mucho se teme que el informe quedará en un segundo plano tras la voluntad de cada partido de mejor esta situación.

Por su parte, Graciela Ferrer, de Compromís, ha recalcado que seguirán exigiendo las inversiones que corresponde a la Comunitat en los presupuestos y que se reconozca los 16.000 millones de los 53.000 millones de deuda histórica provocados por una infrafinanciación. “Montoro --ministro de Hacienda-- nos está prestando a los valencianos nuestro dinero y encima con intereses”, ha reprochado.

Por ello, ha subrayado que se deben mantener estas reivindicaciones junto a la sociedad civil, y que van a seguir para “aglutinar consensos no solo de fuerzas políticas sino desde la propia sociedad civil”. “Si no lo reivindicamos los valencianos no nos lo dará nadie”, ha afirmado.

Del mismo modo, José Muñoz, del PSPV, ha reclamado un acuerdo político de todas las fuerzas porque la financiación “no es problema de partido sino de estado para nuestra comunidad, que puede ”lastrar el presente y el futuro y el desarrollo de la vida de los ciudadanos“.

Por ello, ha insistido en que hay que “olvidarse de las cuitas partidistas” y “plantearlo como un problema político de autogobierno que es necesario visibilizar en Madrid porque muchas veces lo que no se habla en Madrid parece que no está en la agenda política”.