El PSPV exige a Fabra que “coja el toro por los cuernos” y liquide la Ciudad de la Luz “sin dilaciones”

Martínez realizado estas declaraciones en una rueda de prensa acompañada por la eurodiputada del PSPV Josefa Andrés, quien ha apuntado que la demanda que se ha interpuesto ante el Tribunal General de la UE (TJUE) para no tener que devolver los 265 millones de ayudas públicas que la Comisión Europea declaró ilegales en mayo de 2012 “trata de alargar una situación cuando es alargar la agonía”. “Hasta cuándo van a tener que pagar los valencianos por un capricho del Consell para no admitir que la ayuda es ilegal”, ha criticado.

Por ello, Martínez ha exigido que Fabra debe “solucionar ya este problema” mediante la liquidación de la Ciudad de la Luz a través de “un proceso público, transparente y sujeta” a la ley de contratos de estas sociedades después de que la Comisión Europea dejara “bien claro” que la subvención que concedió la Generalitat a este complejo fue una “ayuda estatal, ilegal e incompatible”.

Del mismo modo, piden la comparecencia de la consejera de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, para que explique “de una vez por todas” cómo está este proceso de negociación con la CE sobre las condiciones de licitación de la venta del complejo, algo que “siempre elude”. Además, le exigirán que entreguen el informe de la consultora LECG y que concrete “quién la contrató, por cuánto dinero y para qué”, así como que detalle los incentivos dados a productoras para rodar en los estudios.

Al respecto, ha señalado que se trata de “otro despilfarro” de la Generalitat con estos estudios cinematográficos tras la contratación por 300.000 euros al despacho de abogados de Garrigues a pesar del convenio que existe con la Abogacía de la Generalitat, que podía prestar “exactamente los mismo servicios”. “Vamos a seguir investigando”, ha recalcado.

Por su parte, Andrés ha criticado la nueva “maniobra de distracción” del Consell para “no reconocer que ha dado estas ayudas ilegales y que esta en quiebra y no puede devolver el dinero que ha dado” que, ha aclarado, debe “ir a parar a la propia Generalitat valenciano y que podía destinarse a las políticas sociales tan necesarias”.

“MANIOBRA DE DISTRACIÓN”

Así, ha explicado que en junio debe haber una sentencia del TJUE contra la que la Generalitat tiene un plazo de dos meses para presentar un recurso de casación de modo que como máximo en septiembre tendrá que tomar una decisión. “Pero mientras tanto el problema sigue creciendo porque aumenta la deuda y los intereses que los valencianos deben pagar por esta ayuda ilegal”, ha constatado.

Andrés ha señalado que la propia CE se ha sorprendido de la interposición de esta demanda cuando hay un proceso de negociación abierto y ha dudado de que pueda fallarse a favor de la Generalitat cuando tras los informes europeos fundamentados en “rigurosos análisis económicos”. Y más cuando, ha puntualizado Martínez, el recurso del Consell se sustenta en que la CE no ha contado con la zona terciaria y de ocio anexa prevista para valorar la rentabilidad que el proyecto a pesar de que el Tribunal Supremo ha declarado nulo el PAI sobre el que se iba a construir.